Revista Noche y Niebla N°. 65

Por: Banco de Datos de DD. HH. y Violencia Política

Periodo: 1 de enero al 30 de junio de 2022

Extractivismo, militarización y despojo en el centro y sur del Cesar: resistencias campesinas al genocidio

El Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del CINEP/PPP, por medio de la revista Noche y Niebla No. 65, correspondiente al período comprendido entre el día 01 de enero y 30 de junio del año 2022, en la que hemos registrado información sobre las diferentes violencias políticas permanentes y vigentes en el territorio nacional, que dan cuenta de las violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos en el contexto de la estigmatización al liderazgo social, la defensa del territorio, las movilizaciones y justas protestas sociales, por medio de la implementación de hechos represivos que se escudan en el marco de la legalidad.

Entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2022, en Colombia se tuvo información de 480 casos con 983 victimizaciones, todas vulneraciones a los Derechos Humanos, DDHH, infracciones al Derecho Internacional Humanitario Consuetudinario, DIHC, y Violencia Político-Social, VPS, según los datos registrados por el Banco de Datos de DDHH y Violencia Política del Centro de Investigación y Educación Popular, Cinep y la Red Nacional de Bancos de Datos.

Cifras globales muestran que los hombres fueron los más afectados en estas violencias aunque la falta de información, en algunos casos, no permite precisar con exactitud el número de víctimas en términos de género. Sigue siendo una constante el ataque a las personas que ejercen liderazgos sociales y a las reincorporadas.

En cuanto a los victimarios se evidenció que los paramilitares, la Policía, la Fiscalía y Ejército son los principales perpetradores de las victimizaciones en el marco de las violaciones a los DDHH. En cuanto a infracciones graves al DIHC, las disidencias de las FARC-EP y el ELN son los principales infractores. También, se registró un gran volumen de victimizaciones donde no se pudo identificar a los victimarios.

El departamento del Cauca registró el mayor número de victimizaciones, seguido por, Valle del Cauca, Santander, Arauca y Antioquia. Sin embargo, teniendo en cuenta que la situación de violencia política en Colombia es estructural y generalizada debe tenerse una mirada en todas las regiones y no descuidar aquellas donde pueden presentarse picos de violaciones dada su conflictividad por el control de las economías legales e ilegales, la disputa territorial y económica de grupos armados, entre múltiples factores. En este sentido, la revista Noche y Niebla Nº65 pone su atención a las vulneraciones en el departamento del Cesar que incluye tres zonas de influencia, una vinculada a la dinámica de La Guajira y la Sierra Nevada de Santa Marta; el centro, más articulado al río Magdalena y el sur del Cesar con su conexión al Catatumbo y el Magdalena Medio. El foco entonces está en las dos últimas zonas de la región Cesar, donde se registraron 343 casos que involucran múltiples victimizaciones desde 2010 y en lo que va corrido de 2022 se denunciaron tres asesinatos de líderes sociales en la región, que evidencian la conflictividad de este territorio. El hecho más reciente ocurrió el 3 de agosto en el municipio de Tamalameque, Cesar, cuando asesinaron a José Luis Quiñones, quien era integrante de La Comisión de interlocución del Sur de Bolívar, Norte y Sur del Cesar, afiliado al Coordinador Nacional Agrario, CNA, además, se encontraba en un proceso de recuperación de tierras en la finca Mata Redonda.

Revista Noche y Niebla N.º 64

EL ESTIGMA COMO POLÍTICA DE ESTADO

Por: Banco de Datos de DD. HH. y Violencia Política

Periodo: 1 de julio al 31 de diciembre de 2021

El Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del CINEP/PPP, por medio de la revista Noche y Niebla No. 64, correspondiente al período comprendido entre el día 01 de julio y 31 de diciembre del año 2021, ha registrado información sobre las violencias políticas permanentes y vigentes en el territorio nacional, que dan cuenta de las violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos en el contexto de la estigmatización al liderazgo social, la defensa del territorio, las movilizaciones y justas protestas sociales, por medio de la implementación de hechos represivos que se escudan en el marco de la legalidad.

A partir del 28 de abril de 2021, se dio inicio a una gran movilización social, convocada por las centrales obreras, organizaciones sociales y estudiantiles en contra de las medidas económicas, sociales y políticas del gobierno del presidente Iván Duque. Ante las justas protestas de la sociedad colombiana, el gobierno nacional implementó un sistema represivo profundamente antidemocrático que trató a los ciudadanos como delincuentes o enemigos de la seguridad del Estado, sustentado en la idea de concebir a la ciudadanía que propende por los derechos de todos y todas sean respetados, garantizados y los bienes y el poder equitativamente compartidos – con la idea de una utopía solidaria-; como delincuentes y como objetivos de señalamiento y seguimiento; ejemplo de ello, fue y es la estigmatización, la amenaza, la detención y la judicialización arbitraria de los y las jóvenes de la Primera Línea.

La estigmatización como política de Estado da cuenta de la multiplicación de judicializaciones y detenciones contra quienes se movilizaban, del miedo a la exigencia de derechos fundamentales y a la deslegitimación de la protesta social a través del reforzamiento de la política estatal represiva y criminal.

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LOS VICTIMARIOS: ENCARGADOS DE CUIDAR A LAS VICTIMAS

[dhColombia, 4 de diciembre de 2018] Sistemáticamente en 21 años se han ejecutado crímenes en contra de la Comunidad de Paz de San José de Apartado, por lo cual ha sido objeto de ordenes de protección nacionales e internacionales. A pesar de ellas, 307 integrantes  han sido asesinados y se han presentado más de 965 agresiones en contra de las personas que la conforman. Estos hechos en su mayoría han sido el fruto de la acción de paramilitares y fuerza pública, permaneciendo la casi totalidad de estos crímenes en absoluta impunidad.

El día 30 de noviembre de 2018, la Juez Segundo Promiscuo Municipal de Apartado, ordenó el arresto de German Graciano Posso, Representante Legal de la Comunidad, por no cumplir una injusta y arbitraria acción de tutela. Este arresto se ha dispuesto debe ser cumplido en los calabozos de las instalaciones de la Policía Nacional en San José de Apartado, entidad que ha sido denunciada con anterioridad por sus crímenes y apoyo al paramilitarismo.

Desde el año 2007 la Comunidad de Paz ha recibido ordenes de protección de la Corte Constitucional, ante los actos de la Brigada XVII, sin que ellas sean cumplidas. Por ello, hoy sorprende que para la funcionaria judicial, esta unidad militar que tantos crímenes ha ejecutado contra integrantes y líderes de la Comunidad de Paz (como la masacre del 21 de febrero de 2005), se diga esta bajo subordinación o indefensión de esta Comunidad, para proteger los derechos de los victimarios.

La Comunidad de Paz ha sido objeto de amplio reconocimiento, respaldo y acompañamiento, en razón por su lucha por la paz y los derechos humanos. Esta orden de arresto se produce días después de ser visitada por el Relator Especial sobre la situación de los Defensores de Derechos Humanos y de tener un encuentro con el Papa Francisco.

Los ataques contra Germán Graciano Posso incluyen el asesinato de 19 de sus familiares y un atentado que sufrió el 29 de diciembre de 2017, en la que fueron detenidos dos paramilitares y quienes fueron dejados en libertad por la misma Juez, que hoy ordena el arresto de este luchador de la paz, por ejercer la libertad de expresión y la denuncia de graves violaciones a los derechos humanos de los campesinos de la Comunidad y de la región.

Mayor información:

Gloria Isabel Cuartas

Defensora de derechos humanos

3102867445

Germán Romero Sánchez

dhColombia

3112944198

Revista Noche y Niebla Nº 54

El paramilitarismo SÍ existe.

El CINEP/Programa por la Paz quiere llamar -de nuevo- la atención sobre la expansión del paramilitarismo en Colombia, el cual se expresa mediante la sistemática violación a los derechos humanos contra líderes sociales, políticos y defensores de derechos humanos. Esto a pesar de que el ministro de defensa Luis Carlos Villegas, negó enfáticamente la existencia de grupos paramilitares en el país: “No hay paramilitarismo. Decir que lo hay significaría otorgarles reconocimiento político a unos bandidos dedicados a la delincuencia común u organizada[1].

El Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política ha registrado un incremento de víctimas de amenazas por parte de grupos paramilitares.  Durante 2016 se registraron 395 amenazas; 83 ejecuciones extrajudiciales; 44 personas heridas; 9 personas fueron desaparecidos y 12 más torturadas.
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[1] El Tiempo en su edición del 11 de enero de 2017

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Revista Noche y Niebla Nº 55

El Cinep/Programa por la Paz y el Banco de Derechos Humanos y Violencia Política ven con preocupación las sistemáticas violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, así como el preocupante incremento de las amenazas por parte de grupos paramilitares en contra de líderes sociales, campesinos y organizaciones de derechos humanos que trabajan por la paz en Colombia.

  • En el primer semestre del 2017 se le atribuye a los paramilitares un total de 389 victimizaciones y 484 victimizaciones a actores armados no identificados.
  • Comparado con el primer semestre del 2016, este periodo en 2017 registra un incremento del 26% respecto a victimizaciones cometidas por paramilitares, y una leve disminución del 2% en cuanto a victimizaciones de autores no identificados.
  • Como violencia político-social se catalogan los crímenes cometidos contra personas con participación en procesos políticos, pero cuyos presuntos responsables se desconocen. En el primer semestre del 2017 se registraron un total de 482 victimizaciones de este tipo, de las cuales, 83 ocurrieron el departamento de Nariño. De estas, 63 tuvieron lugar en el municipio de Tumaco. Leer revista completa [PDF]