Revista Noche y Niebla N° 63

Las ruinas del Estado: Genocidio en Colombia

Por: Banco de Datos de DD.HH. y Violencia Política

Periodo: 1 de enero a 31 de junio de 2021

El Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del Cinep/PPP, por medio de la revista Noche y Niebla No 63, correspondiente al período comprendido entre el día 01 de enero y 30 de junio del año 2021, ha podido acceder a información cualificada sobre las violencias políticas permanentes en el país, que bien podrían calificarse como la continuidad del fenómeno de prácticas sociales genocidas en Colombia, tanto en el contexto de la implementación de los Acuerdos de La Habana como en el Paro Nacional que comenzó el 28 de abril de 2021.

La información que publicamos es solamente una aproximación a la realidad que vivimos, pues la misma violencia, los mecanismos de silenciamiento de las víctimas y sus familiares y los mecanismos de impunidad instaurados, impiden recoger la totalidad de los hechos, y como dice el sacerdote jesuita Javier Giraldo Moreno, en la presentación de la revista -a propósito de las manifestaciones del Paro- la Red de Bancos de Datos “[…] no hace estadísticas ni tiene la posibilidad de registrar la totalidad de violaciones graves a los derechos humanos que son perpetradas en el país cada semestre. Sin embargo, hace un esfuerzo por recaudar el máximo posible de violaciones a los derechos fundamentales y ponerlos ante la mirada del país y del mundo para que se comprenda la tragedia de nuestro pueblo. A veces, como en esta ocasión, en que somos conscientes de que la monumental cantidad de atropellos contra los manifestantes desborda con mucho nuestras capacidades de registro, ofrecemos lo recaudado sólo como una pequeña muestra o “unos destellos”.

A lo largo de las últimas décadas del siglo XX y las dos primeras del XXI, hemos registrado la permanencia de las agresiones contra la dignidad de la personas, pueblos, comunidades, organizaciones y movimientos sociales de base, ataques que han tenido altibajos. A continuación, hacemos un breve acercamiento al panorama reconstruido en el primer semestre del año 2021, atravesado por la perdurabilidad de la emergencia sanitaria de la pandemia del Covid y las dificultades sociales y económicas de la mayoría de la población que reventó al final del cuarto mes con la sacudida social del Paro Nacional.

En materia de derechos humanos hemos podido documentar un alto reporte de las agresiones o victimizaciones1 en tres modalidades de violaciones principalmente: detenciones arbitrarias, lesiones físicas y amenazas. La información reportada desde las organizaciones sociales de base de la Red Nacional de Bancos de Datos regionales y que reposa en nuestro sistema, nos permite señalar que durante los meses de abril, mayo y junio se presentaron la mayoría de las detenciones arbitrarias con 133, 167 y 47 victimizaciones respectivamente. En cuanto a las lesiones físicas en los mismos meses se presentó la mayor concentración con 63, 181 y 83 casos. Por su parte, las amenazas se concentran en febrero con 38 victimizaciones, y en los meses de abril y mayo con 53 y 61. Las agresiones estuvieron motivadas en un porcentaje alto por móviles de persecución política al dar un tratamiento de guerra a las justas protestas que se presentaron especialmente entre abril 28 y junio 30 de 2021.

Ahora bien, con respecto a los departamentos que reportan mayores violaciones a los derechos humanos están: Santander (304), Bogotá (149), Cauca (107), Boyacá (106), Cundinamarca (97), Valle del Cauca (84) y Antioquia (52).

1El número de victimizaciones corresponde al tipo de agresiones infligidas a una persona, entre ellas están las amenazas, ejecuciones, atentados, detenciones, desapariciones, desplazamientos, lesiones, tortura, entre otras.

Haz clic en el botón para descargar la Revista # 63

Continué leyendo el Boletín de Prensa

Revista Noche y Niebla N° 62

Anonimato. Factor dinamizador del genocidio impune

Por: Banco de Datos de DD.HH. y Violencia Política

Periodo: 1 de julio a 31 de diciembre de 2020

Los lectores de Noche y Niebla están encontrando cada vez más saturados los casos de autorías anónimas. El relato cada vez más estandarizado de cada hecho violento comienza ya por alguna de estas expresiones: “desconocidos atentaron… dispararon… irrumpieron… se llevaron a …”, o bien: “dos hombres armados, en moto, con capuchas, llegaron a … [actuaron] y se fueron sin dejar rastro”. Sólo ya muy rara vez los victimarios llevan brazaletes de las Águilas Negras, las AGC o Los Caparrapos, pero de todos modos la capucha y el arma apuntada protegen su identidad individual, y el terror sembrado impide cualquier seguimiento o reacción que no sea la huida o el silencio. Las fotos tomadas a prisa desde los celulares de nada sirven frente a las capuchas y a la ausencia o el cambio momentáneo de placas. Se puede afirmar que los caminos clásicos de la primera indagación están bloqueados por completo. Un “retrato hablado” del victimario llega a ser, pues, hoy día, una broma de mal gusto o una prueba manifiesta de la incompetencia del agente criminalístico.

El número 62 de la revista Noche y Niebla esta dedicada a la costa pacífica caucana. El artículo regional que la acompaña fue elaborado por Coordinación de Consejos Comunitarios y Organizaciones de Base del Pueblo Negro de la Costa Pacífica del Cauca – COCOCAUCA. El foco de la guerra en el Pacífico sigue siendo una nueva expresión de la diáspora reconfigurada que hasta el día de hoy amenaza la existencia del pueblo negro como grupo étnico.

Haz clic en el botón para descargar la revista completa

Revista Noche y Niebla Nº 61

Por: Banco de Datos de DD.HH. y Violencia Política

Periodo: 1 de enero a 30 de junio de 2020

Metamorfosis confirmadas en los factores determinantes de la práctica genocida en boga

El número 61 de la revista Noche y Niebla está dedicada al departamento de la Guajira, haciendo énfasis en un artículo regional preparado por el equipo de Interculturalidad del CINEP/PPP, el cual devela una vez más la incumplida promesa del desarrollo tras más de 40 años de explotación minera en La Guajira -uno de los departamentos más pobres de Colombia-. En la rueda de prensa las mujeres wayuú y afro detallan el etnocidio y el ecocidio que viven, tras 14 fallos judiciales que han rafiticado la vulneración de Cerrejón y el Estado colombiano a los derechos a la vida, al agua, a la salud, la consulta previa, la seguridad alimentaria, autonomía étnica, integridad cultural y la tierra, entre otros. 

Revista Noche y Niebla Nº 60

Por: Banco de Datos de DD.HH. y Violencia Política

Periodo: 1 de julio a 31 de diciembre de 2019

Inspección somera al exterminio de los gérmenes de una sociedad humana

Los sectores éticos del país y de la comunidad internacional no salen de un asombro e indignación crecientes, al observar el aumento desenfrenado del exterminio, en Colombia, de líderes sociales y de ex-combatientes que quisieron apostarle más bien a luchas cívicas y políticas por un cambio social.

Voceros de los poderes en ejercicio se rebuscan permanentemente explicaciones y pretextos para atenuar el impacto de vergüenza de Colombia ante el mundo civilizado. Un día declaran que la justicia ya ha esclarecido altos porcentajes de esos crímenes, afirmaciones que sólo tienen efectos mediáticos y carecen de soporte real; otro día intentan reubicar los crímenes en los ámbitos de la delincuencia común, violentando todas las lógicas contextuales; otro día hacen esfuerzos extremos por negarles a las víctimas su carácter de líderes o lideresas sociales, reduciendo o negando en absoluto su incidencia en las comunidades; otro día recurren a montajes para atribuir la autoría de las ejecuciones y atentados a las insurgencias o disidencias, hoy en expansión mediática. Pero los hechos están ahí con su cara dura y es imposible evadir su interpelación radical.

Así las cosas, hemos podido documentar, sistematizar las amenazas, asesinatos y agresiones de líderes y lideresas sociales y personas de base,que han sido evidentes en el año 2019. Los departamentos más afectados por la violación de Derechos Humanos fueron Cauca con 302 victimizaciones, Valle del Cauca con 115 victimizaciones y Chocó con 73 victimizaciones. De igual manera, las infracciones al Derecho Internacional Humanitario Consuetudinario, DIHC, tuvieron lugar en: Cauca 117 eventos de infracciones, Valle del Cauca 84 infracciones y Antioquia con 40 infracciones. La Violencia Política Social, VPS, que se caracteriza por no tener un responsable claramente definido, se presentaron según la ubicación geográfica en Cauca con 308 casos, Norte de Santander con 105 casos y Nariño con 86 casos. comunidad internacional no Así las cosas, hemos podido documentar, sistematizar las amenazas, asesinatos y agresiones de líderes y lideresas sociales y personas de base,que han sido evidentes en el año 2019. Los departamentos más afectados por la violación de Derechos Humanos fueron Cauca con 302 victimizaciones, Valle del Cauca con 115 victimizaciones y Chocó con 73 victimizaciones. De igual manera, las infracciones al Derecho Internacional Humanitario Consuetudinario, DIHC, tuvieron lugar en: Cauca 117 eventos de infracciones, Valle del Cauca 84 infracciones y Antioquia con 40 infracciones. La Violencia Política Social, VPS, que se caracteriza por no tener un responsable claramente definido, se presentaron según la ubicación geográfica en Cauca con 308 casos, Norte de Santander con 105 casos y Nariño con 86 casos.

¿Porqué el exterminio a líderes sociales y al medio ambiente en el Bajo Cauca antioqueño y el Sur de Bolívar? Vanessa Álvarez Villa (Comité Jesús María Valle), Narciso Beleño (Federación Agrominera Sur Bolívar), Luis Guillermo Guerrero y Alejandro Angulo (CINEP/PPP), presentan la Revista Noche y Niebla #60 dedicada a esta región.

Revista Noche y Niebla Nº 59

Por: Banco de Datos de DD.HH. y Violencia Política

Periodo: 1 de enero a 30 de junio de 2019

La “democratización” del Genocidio

Echar una mirada de conjunto a nuestra historia republicana “democrática”, lleva a descubrir los parámetros de una “democracia genocida” y a asistir a un proceso taimado de democratización progresivamente refinada del Genocidio. En largos períodos aparecerán responsables evidentes del crimen, en otros, la omisión y la responsabilidad de mando impedirían la impunidad de un crimen tan horrendo y tan englobante, pero justamente la responsabilidad de mando ha sido neutralizada por los actuales poderes, en la discusión sobre los alcances constitucionales de la JEP, para que pueda seguir funcionando la democracia genocida, incluso dentro de los logros más publicitados del “Acuerdo de Paz”· Los imaginarios del Genocidio han estado asociados, ordinariamente, a matanzas de grandes proporciones numéricas que toman como objetivo colectivos humanos identificados con rasgos comunes, ya sean raciales, étnicos, religiosos, ideológicos, culturales o políticos. El derecho internacional restringió el concepto, en la Convención de 1948, a grupos de tipo “nacional, étnico, racial o religioso”, suprimiendo o no mencionando los grupos de tipo “político” que habían sido incluidos en la Declaración previa, condenatoria del Genocidio, emitida por la Asamblea General de la ONU en 1946 1 . Sin embargo, la característica de un grupo nacional, incluido en la Convención, cuya destrucción total o parcial entra en la definición convencional del Genocidio, no limitando éste a la matanza física de miembros del grupo sino extendiéndolo a la “lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo” y al “sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial”, son precisiones que demarcan un concepto más amplio del Genocidio, más allá del imaginario mediático. Durante el primer semestre de 2019 el Banco de Datos documentó 643casos nuevos y 63 casos de años anteriores. De los casos nuevos, 446 refieren a violaciones a los DD. HH.; 150 a infracciones al DIHC, y 630 a la violencia político social. En cuanto a violaciones a los derechos humanos, el departamento más afectado fue Cauca con 314 casos, Norte de Santander con 147, Nariño con 108, Antioquia con 105 y Valle del Cauca con 100

Antioquia: la guerra en desarrollo

En Antioquia solo en el primer semestre de 2019 la revista Noche y Niebla, registró 105 casos de violaciones a derechos humanos en esta región, de los cuales en En Antioquia solo en el primer semestre de 2019 la revista Noche y Niebla, registró 105 casos de violaciones a derechos humanos en esta región, de los cuales en 39 casos se conoció que los responsables de los hechos violatorios fueron grupos paramilitares Según cifras del Observatorio del nivel de riesgo a la labor de defensores y defensoras de derechos humanos de la Fundación Sumapaz y la Corporación Jurídica Libertad, entre enero de 2016 y el 8 de julio de 2019, ocurrieron en Antioquia 1.068 agresiones. El 20% de éstas en el Bajo Cauca. Lo ocurrido en este departamento se suma a la grave situación que se registra en el resto del país para 2019, que deja un saldo de 643 nuevos casos registrados de violaciones de derechos humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario Consuetudinario y Violencia Político Social. En Antioquia solo en el primer semestre de 2019 la revista Noche y Niebla, registró 105 casos de violaciones a derechos humanos en esta región, de los cuales en 39 casos se conoció que los responsables de los hechos violatorios fueron grupos paramilitares Según cifras del Observatorio del nivel de riesgo a la labor de defensores y defensoras de derechos humanos de la Fundación Sumapaz y la Corporación Jurídica Libertad, entre enero de 2016 y el 8 de julio de 2019, ocurrieron en Antioquia 1.068 agresiones. El 20% de éstas en el Bajo Cauca. Lo ocurrido en este departamento se suma a la grave situación que se registra en el resto del país para 2019, que deja un saldo de 643 nuevos casos registrados de violaciones de derechos humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario Consuetudinario y Violencia Político Social.

Puede leer el informe aquí:

DIÁLOGOS CINEP 2019 ¿Cuáles son los patrones? asesinato a líderes sociales

En el espacio, Diálogos CINEP/PPP, se presentaron los informes Matar a líderes sociales para el control territorial. Las consecuencias inesperadas de la paz, dirigido por el profesor Fernando Vargas, de la Universidad del Rosario y el informe ¿Cuáles son los patrones? Asesinatos de líderes sociales en el Post Acuerdo, construido por una plataforma de organizaciones sociales defensoras de derechos humanos cuya exposición estuvo a cargo de Diana Sánchez del programa somos Defensores, una de las organizaciones parte del informe. De acuerdo a la presentación del profesor Vargas, la motivación para construir el informe Matar a líderes sociales para el control territorial.

Las consecuencias inesperadas de la paz, surge del hecho evidente de que este, es un modelo sistemático, es un fenómeno que tiene causas políticas evidentes, pero a pesar de ello es un fenómeno hasta ahora poco estudiado de manera rigurosa. De acuerdo a la investigación, las agresiones contra líderes se incrementan desde el primer semestre del año 2015 y luego de la declaración de cese al fuego permanente unilateral declarado por las FARC-EP el 20 de diciembre de 2014 en medio de los diálogos de paz. Sin embargo, la administración Santos no escucho y evadió su responsabilidad al punto de justificar los crímenes bajo la hipótesis que los asesinatos contra líderes en el país, son líos de faldas. Diana Sánchez del programa Somos Defensores, expuso que el informe Matar a líderes sociales para el control territorial.

Las consecuencias inesperadas de la paz, el cual considera, surge en un momento definitivo en el que los ojos del país y la comunidad internacional están puestos en las garantías de protección para los líderes sociales. De acuerdo al cruce de datos entre las organizaciones parte del informe, se evidencia que entre el primero de enero del año 2016 y julio del 2018, se presentaron 343 casos de asesinatos de líderes sociales. Entre estas cifras existen 7 casos de asesinatos donde se encuentra seriamente comprometida la fuerza pública y que podrían constituir ejecuciones extrajudiciales. A los líderes, lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos de Colombia, los están asesinando en sus territorios, en sus localidades, veredas, corregimientos, barrios, casas, en el sitio que sea, porque están luchando por los derechos cotidianos.

Informe: ¿Cuáles son los patrones? Asesinato de líderes sociales en el Post acuerdo

Este informe es un documento construido con base en los registros e información aportada por las organizaciones participantes en un ejercicio de aproximación a determinadas variables identificables referidas a las violaciones a los derechos a la vida, libertad e integridad de líderes sociales y de defensoras y defensores de derechos humanos, así como, en algunos casos, a las de sus allegados y otras personas que rodean su labor. De ninguna manera pretende dar cuenta de la totalidad de casos ni abarcar de manera holística la integralidad de una realidad compleja que seguramente excede en lo cualitativo y en lo cuantitativo a lo expuesto en el texto; tan solo es una aproximación al fenómeno abordado teniendo en cuenta algunos elementos comunes identificados, con base en los registros de casos aportados por las organizaciones participantes, que resultan útiles en la identificación de patrones y de correlaciones entre variables concretas, Cinep/PPP.

Entre los patrones que llaman poderosamente la atención en el informe, está que de acuerdo con los dictámenes forenses hechos por las propias autoridades de Colombia: la mayoría de los líderes sociales referenciados en esta investigación fueron asesinados con balas fabricadas y vendidas por la misma fábrica de municiones y armas.

Leer informe completo [+]

MUJER VÍCTIMA, VIOLENCIA DE GÉNERO Y CONFLICTO ARMADO… REALIDAD QUE PERSISTE

Viviana Ayde Vargas Rivera[1]

PDF

Colombia ostenta el no honroso segundo lugar en cifras históricas en casos de violencia contra la mujer, según el informe de ONU Mujeres, “El Progreso de las Mujeres en América Latina y El Caribe 2017”, las cifras de violencia contra la mujer son alarmantes, aunque los datos disponibles sobre la magnitud de la violencia contra las mujeres en América Latina y aún más en Colombia no son suficientes, no alcanzan a reflejar la alarmante situación, dado que hay una gran mayoría de casos donde las mujeres no denuncian.

En Colombia la violencia contra la mujer ha sido usada como un mecanismo de dominación y poder, en las modalidades de violencia de género sobresalen la violencia doméstica, la violencia ejercida por sus parejas que muestra como máxima expresión cifras alarmantes de feminicidio. Además de estas formas, el conflicto armado ha incrementado el número de mujeres violentadas por todos los actores armados del conflicto.

Durante más de medio siglo el conflicto armado colombiano que tiene causas sociales, políticas y económicas ha tomado el cuerpo de las mujeres como botín de guerra y especialmente en las últimas décadas y más aún en el periodo de post-acuerdo ha dejado un sin número de víctimas.

Las mujeres tanto campesinas, indígenas, lideresas urbanas, obreras, afrodescendientes en nuestro país han tenido que enfrentar la discriminación en su condición de género y además ha vivido las múltiples formas de violencia propia en el contexto del conflicto donde se destaca el desplazamiento forzado.

Las mujeres en el contexto del conflicto han mantenido también su opción de trabajo por las reivindicaciones sociales, políticas y económicas y principalmente se organizan en pro de la defensa de los derechos humanos y de la dignidad de su permanencia en los territorios.

Desde hace décadas las mujeres colombianas han tenido que enfrentar la opresión liderando numerosos procesos de resistencia y resiliencia, convirtiéndose muchas de ellas en protagonistas de una historia no contada, no recordada, no destacada, es por ello que hoy recordaremos algunas de esas valientes mujeres.

Felicita Campos quien en 1890 encabezó las ligas de campesinos en resistencia contra los terratenientes. Juana Julia Guzmán campesina cordobesa que en 1916 fundó la Sociedad de Obreros y Artesanos de Córdoba y además la sociedad de obreras “Redención de la Mujer”. Betsabé Espinoza, obrera textil quien en la década de 1920 en Bello (Antioquia) organizó a 300 mujeres para exigir aumento salarial.

María Cano se destacó entre otras por la realización de numerosas giras entre 1923-1929 para organizar a trabajadoras y trabajadores del campo y la ciudad contribuyendo con la creación de la primera central obrera colombiana. Catorce mil indígenas conocidas como “Bandada de Águilas Furiosas” que firmaron un manifiesto por el derecho a la tierra en 1927.Petrona Yance junto a 800 mujeres que en 1928 apoyaron las valerosas luchas de las trabajadoras y trabajadores agrícolas de las bananeras.

Valerosas mujeres colombianas han conseguido reivindicaciones históricas como, los derechos de bienes patrimoniales (1933),el derecho a la educación superior (1936), el derecho al voto (1957), las mujeres que consiguieron derechos como la igualdad y la no discriminación de raza o sexo en la Constitución de 1991, aquellas víctimas del conflicto que valerosamente han alzado su voz para reclamar justicia como es el caso de las Madres de Soacha quienes perdieron a sus hijos víctimas de los denominados falsos positivos y, hoy día siguen exigiendo verdad justicia y reparación. (Vargas Rivera, 2007, p. 9)

La victimización de las lideresas en Colombia ha sido sistemática a través de décadas de conflicto armado, históricamente las mujeres, niñas y niños han sido los más vulnerados en sus derechos y marginados por parte del Estado, cuando se habla de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición.

El conflicto armado, que aún persiste en nuestro país, se ha caracterizado por el accionar de los grupos armados que, mediante ultrajes a la mujer en su integridad física y psicológica, usan el abuso sexual como un arma de guerra,en casos que la mayoría de veces terminan con tortura y homicidio.

El ultraje a la integridad, y al cuerpo de la mujer es parte de los actos de dominación del hombre, y responde por supuesto a las concepciones creadas al interior de nuestra sociedad influida por la violencia en todas sus expresiones. En nuestro contexto la mujer está mediada por su feminidad y por ello obtiene características de fragilidad, sensibilidad, delicadeza, maternidad, entre otras y, existe la errónea creencia popular de que todas estas características la “incapacitan” para desempeñarse en el mundo externo.

Las cifras en materia de delitos sexuales en contra de niñas, adolescentes y mujeres son muy elevadas, según datos de Medicina Legal para el año 2017 fueron practicados 20.149 exámenes médicos por presunto delito sexual en Colombia, de los cuales 17.557 fueron practicados a niñas menores 18 años y 2.862 se practicaron a mujeres mayores de 18 años. (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2018, p. 53)

Las cifras sobre violencia sexual en el marco del conflicto armado en el país son alarmantes. Según cifras oficiales de la Red Nacional de Información (Unidad para las Víctimas, 2018), de un universo de 8.760.290 víctimas registradas con fecha de corte 1 de octubre de 2018, son mujeres 4.170.856 y de ese universo de mujeres, las víctimas de delitos contra la integridad sexual son 23.875. 

Por parte del Observatorio de Memoria y Conflicto, (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2018)  se da cuenta de un universo de 15. 738 víctimas de violencia sexual en el periodo 1958-2017, de las cuales 14.250 son mujeres.

El Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política, (CINEP, 2018) en el Sistema de Violencia Política en Línea SIVeL ha registrado a partir de 2001 hasta junio de 2018 un universo de 67. 961 víctimas, de las cuales 455 son víctimas de violencia sexual.

En Colombia se han realizado dos encuestas de Prevalencia de la Violencia Sexual en Contra de las Mujeres en el Contexto del Conflicto Armado Colombiano, la primera en el periodo 2001-2009 y la segunda correspondió al periodo 2010- 2015, dicho estudio se ha hecho con un universo de mujeres bastante significativo y en una buena parte del territorio nacional.

El periodo 2010-2015, muestra una prevalencia de violencia sexual contra las mujeres del 18,36% para los 142 municipios con presencia de fuerza pública, guerrilla y paramilitares o BACRIM.  De esta prevalencia se desprende que durante los seis años objeto de este estudio, 875.437 mujeres fueron víctimas directas de algún tipo de violencia sexual. Este dato representa que anualmente, en promedio, 145.906 mujeres fueron víctimas directas de algún tipo de violencia sexual, 12.158 lo fueron cada mes, 400 lo fueron cada día y 16, cada hora. Delo anterior es posible inferir que la violencia sexual constituye una práctica habitual y frecuente en el marco del conflicto armado y por lo mismo puede ser calificada como generalizada de conformidad con el derecho internacional (OXFAM, 2016, p. 5)

En noviembre del año 2016 se dio la firma del Acuerdo Final de Paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC- EP, contrario a las esperanzadoras predicciones sobre el desescalamiento del conflicto, las cifras han demostrado lo contrario, los hechos de violencia por parte de grupos paramilitares y guerrillas aumentó considerablemente afectando en gran medida a la población civil, hecho que se demuestra dramáticamente en el asesinato sistemático de lideresas y líderes  sociales, que aumentó luego de la firma del acuerdo.

Mujer y lideresa, doblemente victimizada

Las cifras de hechos violentos contra lideresas y líderes sociales han venido en aumento según datos del programa Somos Defensores, “entre enero 2009 y junio de 2018 han sido asesinados 609 defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia” (Somos Defensores., 2018, p. 104).

La violencia en Colombia en los últimos dos años ha generado todo tipo de violaciones a los derechos humanos, especialmente en contra de lideresas y líderes sociales. Donde sobresalen hechos de violencia de género, tales como las amenazas, el desplazamiento forzado, los asesinatos selectivos, la violencia sexual y los feminicidios.

Teniendo en cuenta que en nuestro país el número de mujeres lideresas es bajo en comparación al número de líderes hombres, es aún más alarmante el aumento de hechos violentos en contra de las lideresas, ya que el asesinato, conlleva un mensaje de miedo a otras mujeres que quieran adelantar una tarea en defensa de sus derechos o los de sus comunidades.

El incremento porcentual de los asesinatos a lideresas y defensoras de Derechos Humanos entre el primer semestre de 2016, 2017 y 2018 fue de:

• 133,3% de 2016 a 2017 y 14,3% de 2017 a 2018 de acuerdo con los informes de Somos Defensores (enero-julio).

• 160% de 2016 a 2017 y 38,5% de 2017 a 2018 según la matriz de Marcha Patriótica (enero- julio). (Sisma Mujer, 2018, p. 4)

La Defensoría del Pueblo en una alerta temprana emitida el 28 de febrero de 2018,dice que entre el primero de enero de 2016 y el 27 de febrero de 2018 fueron asesinadas “282 personas que se dedicaban a la defensa de la comunidad y de los derechos humanos”, en la alerta la Defensoría del Pueblo llama la atención sobre los casos en los que se registra violencia sexual previa al asesinato de lideresas y defensoras de derechos humanos, dice que:

Los actos dirigidos a castigar la participación de las mujeres en el ámbito de lo público en las mujeres afectan a la lideresa y a su organización y buscan inhibir el surgimiento de nuevos liderazgos y procesos organizativos visibles de mujeres. (Defensoría del Pueblo, SAT, 2018, p. 56)

La fundación Ideas Para la Paz emitió un informe de los 8 primeros meses del año 2018, periodo en que fueron asesinados 72 líderes sociales de los cuales el 87.5% son hombres y 12.5% son mujeres y, señalan que “La violencia sexual se ejerce mayoritariamente sobre las mujeres líderes y en diversos casos se repite causando ciclos de re victimización. A esto se suman amenazas e intimidaciones sobre sus familias” (Fundación Ideas Para la Paz, 2018).

En medio de este panorama es evidente que la fuente principal de la crisis en torno a las vulneraciones de derechos humanos a mujeres, es el alto grado de impunidad, así como el nivel de riesgo que padecen las mujeres en el contexto del conflicto,donde sus derechos son vulnerados y muchas veces son victimizadas por la impunidad y demora de las investigaciones en los procesos judiciales.

La violencia de género contra la mujer es una realidad que plantea retos para la justicia transicional, que debe superar la discriminación contra las mujeres,buscando una perspectiva de género que permita visibilizar las formas de violencia que han sido sometidas. Analizando responsabilidades de carácter político y moral de los perpetradores, no solo con el objetivo de juzgar a los responsables que se acogen a la Jurisdicción Especial Para la Paz (JEP), tambiénes necesario lograr la reparación de las víctimas y dar garantías de no repetición.

Ideas para buscar un cambio

  • Es imperativa la búsqueda de una sociedad libre de violencias contra las mujeres,para lograrlo se debe dar una dura pelea en contra de la impunidad y, para ello el primer paso es lograr un registro consolidado de los casos y hechos de victimización a mujeres.  El no contar con registros exactos, sobre los hechos de violencia contra la mujer evidencia la clara necesidad de buscar mecanismos y herramientas de medición de violencia con enfoque de género, para que sea aplicada por las organizaciones defensoras de derechos humanos, observatorios, bases de datos, etc.
  • Es necesario seguir con la apuesta por posicionar la problemática de violencia contra la mujer en la agenda pública,para que la jurisprudencia de protección a la mujer que se ha logrado sea materializada y se avance hacia una vida libre de violencias contra la mujer.
  • Debemos conjurar ese imaginario colectivo dela cultura machista en que vivimos y que fomenta las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, generando opiniones erradas sobre el rol que debemos cumplir las mujeres en la sociedad y, que tilda a las lideresas como mujeres que abandonan a sus seres queridos en pro de cumplir una función social.
  • Es necesario hacer uso de la memoria histórica para rescatar el ejemplo de muchas mujeres que han luchado por la construcción de la sociedad justa, debemos exigir que la historia no sea solo contada desde una orilla, necesitamos reivindicar el rol de la mujer como lideresa y como defensora de derechos humanos.

Descargar documento completo en PDF

Referencias

Fundación Ideas Para la Paz. (2018). Agresiones Y Homicidios de Líderes Sociales, un Problema que Requiere Acciones Urgentes por la Paz.. Bogotá.

Defensoría del Pueblo, SAT. (2018). Alerta Temprana Número 026-18 DEL 28 de Febrero de 2018. Bogotá.

Sisma Mujer. (2018). Análisis Comparativo de los Asesinatos a Líderes y Lideresas, y Defensoras/res de DDHH en Colombia Durante los Primeros Meses del Año 2018. Bogotá.

Somos Defensores. (2018). Más Allá de las Cifras, Segunda Parte Enero-Junio de 2018. Bogotá.

OXFAM. (2010). Encuesta de Prevalencia «Violencia Sexual en Contra de las Mujeres en el Contexto del Conflicto Armado 2001-2009». Bogotá: OXFAM.

OXFAM. (2016). Encuesta de Prevalencia de Violencia Sexual en Contra de las Mujeres en el Contexto del Conflicto Armado Colombiano 2010-2015. Bogotá: OXFAM.

ONU Mujeres. (2018). «El Progreso de las Mujeres en América Latina y El Caribe 2017». Informe .

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses . (3 de Diciembre de 2018). FORENSIS. Datos para la vida 2017. Obtenido de http://www.medicinalegal.gov.co/documents/20143/262076/Forensis+2017+Interactivo.pdf/0a09fedb-f5e8-11f8-71ed-2d3b475e9b82

Unidad para las Víctimas. (3 de Diciembre de 2018). Red Nacional de información . Obtenido de https://cifras.unidadvictimas.gov.co/

Centro Nacional de Memoria Histórica. (7 de Diciembre de 2018). Observatorio de Memoria y Conflicto. Obtenido de http://centrodememoriahistorica.gov.co/observatorio/

CINEP. (7 de Diciembre de 2018). Banco de Datos de Derechos Humanos y violencia Política. Obtenido de http://www.nocheyniebla.org/?page_id=566

Vargas Rivera, V. (2007). Aproximación Histórica a la Participación de la Mujer en las Luchas Sociales en Colombia. Revista Antigona Número 1 , 42.


[1] Politóloga de la Universidad Nacional e investigadora del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del Cinep/PPP.

LOS VICTIMARIOS: ENCARGADOS DE CUIDAR A LAS VICTIMAS

[dhColombia, 4 de diciembre de 2018] Sistemáticamente en 21 años se han ejecutado crímenes en contra de la Comunidad de Paz de San José de Apartado, por lo cual ha sido objeto de ordenes de protección nacionales e internacionales. A pesar de ellas, 307 integrantes  han sido asesinados y se han presentado más de 965 agresiones en contra de las personas que la conforman. Estos hechos en su mayoría han sido el fruto de la acción de paramilitares y fuerza pública, permaneciendo la casi totalidad de estos crímenes en absoluta impunidad.

El día 30 de noviembre de 2018, la Juez Segundo Promiscuo Municipal de Apartado, ordenó el arresto de German Graciano Posso, Representante Legal de la Comunidad, por no cumplir una injusta y arbitraria acción de tutela. Este arresto se ha dispuesto debe ser cumplido en los calabozos de las instalaciones de la Policía Nacional en San José de Apartado, entidad que ha sido denunciada con anterioridad por sus crímenes y apoyo al paramilitarismo.

Desde el año 2007 la Comunidad de Paz ha recibido ordenes de protección de la Corte Constitucional, ante los actos de la Brigada XVII, sin que ellas sean cumplidas. Por ello, hoy sorprende que para la funcionaria judicial, esta unidad militar que tantos crímenes ha ejecutado contra integrantes y líderes de la Comunidad de Paz (como la masacre del 21 de febrero de 2005), se diga esta bajo subordinación o indefensión de esta Comunidad, para proteger los derechos de los victimarios.

La Comunidad de Paz ha sido objeto de amplio reconocimiento, respaldo y acompañamiento, en razón por su lucha por la paz y los derechos humanos. Esta orden de arresto se produce días después de ser visitada por el Relator Especial sobre la situación de los Defensores de Derechos Humanos y de tener un encuentro con el Papa Francisco.

Los ataques contra Germán Graciano Posso incluyen el asesinato de 19 de sus familiares y un atentado que sufrió el 29 de diciembre de 2017, en la que fueron detenidos dos paramilitares y quienes fueron dejados en libertad por la misma Juez, que hoy ordena el arresto de este luchador de la paz, por ejercer la libertad de expresión y la denuncia de graves violaciones a los derechos humanos de los campesinos de la Comunidad y de la región.

Mayor información:

Gloria Isabel Cuartas

Defensora de derechos humanos

3102867445

Germán Romero Sánchez

dhColombia

3112944198