Caso tipo N° 15 Caquetá. Rastreo de una barbarie silenciada (2019)


Por: Banco de Datos de DD.HH. y Violencia Política

El Caso Tipo No 15 recoge un panorama amplio de violaciones a los derechos humanos en el Caquetá ( 1988 – 2018) al tiempo que agrupa una mirada al contexto de esas violaciones en hitos históricos que cierra con una mirada al periodo actual dominado por la presencia extractivista en el territorio.

En los 355 episodios documentados se denuncian prácticas absolutamente criminales, perpetradas por agentes e instituciones del Estado, blindadas por otros agentes e instituciones del mismo Estado: 199 casos puntuales de ejecución extrajudicial y se mencionan cifras mayores en las que no fue posible individualizar a las víctimas; 225 casos de tortura; 1.440 desplazamientos forzados individuales que se suman a los de 6 comunidades; 177 heridos, entre los cuales hay lesiones irreversibles y mutilaciones, muchos de estos crímenes perpetrados por los Escuadrones Móviles Antidisturbios (Esmad); 28 casos de desaparición forzada, los cuales se hunden en la maraña de millares de detenciones arbitrarias y montajes judiciales difíciles de contabilizar, ya que muchas fueron detenciones colectivas; la práctica del “falso positivo” o ejecución de personas detenidas previamente y presentadas luego pública y oficialmente como “muertos en combate” se detectó en 52 casos; en las detenciones fue frecuente someter a las víctimas a formas de violencia sexual, ya violando a mujeres en los allanamientos ilegales o desnudando a los hombres luego de ser detenidos, para someterlos a todo tipo de vejaciones, como quedó denunciado explícitamente en 28 casos; también fue frecuente utilizar a personas, familias y comunidades enteras como escudos, para proteger a la fuerza pública en zonas de enfrentamiento armado, como lo denunciaron 26 personas, 15 familias y 6 comunidades; el pillaje de los bienes de las víctimas fue una práctica sistemática que hace pensar que muchos allanamientos y detenciones no tenían ninguna base acusatoria, así fuera ilegal o falsa, distinta al simple afán de militares y policías de apoderarse de los bienes de sus víctimas: robaban su mercado, sus ganados, sus maquinarias (motosierras, motores fuera de borda), las aves de corral, el dinero, la ropa, las joyas, las vajillas y menajes; a las 147 descripciones individuales de pillaje se suman las de 25 comunidades y 27 familias; los pillajes se agravaban aún más en la práctica de destrucción de los bienes de sobrevivencia de la población, incluyendo viviendas que fueron incineradas, cultivos y proyectos agrícolas o ganaderos arruinados, como lo atestiguan 27 denuncias que se expanden en la referencia a dos amplias zonas de arrasamiento; los ataques armados a familias y comunidades se denunciaron en 41 ocasiones, a lo cual se suma el ataque masivo del Esmad a una marcha de 400 personas; fueron moneda común los empadronamientos ilegales y tampoco las misiones médicas escaparon de la barbarie, sufriendo el robo de todos los medicamentos que portaban; caso especial fue el del caserío de Peñas Coloradas, en territorio de Cartagena del Chairá, ocupado militarmente y desalojado por la fuerza pública, sometiendo a sus pobladores y población del entorno a los más infames saqueos, pillajes, despojos, desplazamientos, torturas, difamaciones, calumnias, asesinatos y desapariciones

La unidades de fuerza pública cuyas identidades lograron registrar las víctimas, fueron: en primer lugar, la Brigada XII del Ejército, con sede en Florencia; también las brigadas móviles 6, 22, 2, 16, 26, 5, 27, 9 y 36, las cuales en diversos períodos operaron en la zona y perpetraron muchos de los hechos reseñados, como se anota en cada caso. Todas ellas estaban adscritas a las Divisiones 5 y 6 del Ejército Nacional, y en ciertos períodos se adscribieron o siguen adscritas a la Fuerza de Tarea Conjunta Omega; la Fuerza de Tarea Conjunta Algeciras; la Fuerza de Tarea Júpiter; el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula); el Comando Conjunto del Sur que tuvo responsabilidad especial en la ejecución del Plan Patriota, financiado y asesorado por el gobierno de los Estados Unidos de América y su Comando Sur. Entre las unidades menores, como los batallones, los testimonios hacen referencia al Batallón Caribe 176; el Batallón de Contraguerrilla N.° 55 Tayronas; el Batallón de Combate Terrestre N.° 71; el Batallón de Alta Montaña N.° 9; el Batallón de Contraguerrilla Cacique Coyará; el Batallón de Infantería N.° 34 Juanambú; el Batallón de Contraguerrilla N.° 12 Diosa del Chairá; el Batallón de Infantería N.° 35 Héroes de Guepí del Fuerte Militar Larandia; el Batallón de Infantería N.° 36 Cazadores; y el Grupo Especial de la Compañía de la Policía Militar perteneciente al Batallón de Apoyo de Servicios para el Combate (Aspc) de la Décima Segunda Brigada del Ejército. En muchos de estos operativos, las unidades militares contaron con la participación del Cuerpo Técnico de Investigación (cti) de la Fiscalía General de la Nación, de la Fiscalía N.° 251 Especializada en Antiterrorismo de la Fiscalía General de la Nación, así como de la Fiscalía Especializada de la Unidad Antiterrorismo ubicada dentro de la Brigada XII del Ejército en Florencia. Muchas veces se sumó el Esmad de la Policía Nacional, la Dirección Nacional Antinarcóticos de la Policía y la Seccional de Investigación Criminal (Sijin). Toda esta participación de instituciones estatales y su coordinación, que cobija diversas ramas del poder público y deberían actuar con independencia unas de otras, así como la prolongación de prácticas idénticas durante tres décadas, obliga a considerar todo el conjunto como política de Estado

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Revista Noche y Niebla Nº 58


Por: Banco de Datos de DD.HH. y Violencia Política

Periodo: 1 de julio a 31 de diciembre de 2018

El número 58 recoge un panorama de la violencia política ocurrida en Colombia entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2018. Luego de hacer un análisis de los patrones de ocultamiento paramilitar, la revista hace una completa lectura de la violencia camuflada en el municipio de Soacha con tres artículos; uno sobre desplazamiento forzado, una lectura rápida al trabajo de las mujeres y otro sobre la violencia contra la mujer.

Según información del Banco de datos de Derechos Humanos y Violencia Política del Cinep/PPP, en Soacha desde el 5 de enero de 1998 hasta el 22 de septiembre de 2018 se registran 228 casos, que han arrojado 610 víctimas.

En ese mismo periodo de tiempo, según los registros del Cinep/PPP los paramilitares son responsables en 127 casos, con un saldo de 360 víctimas; por su parte, la Policía Nacional de 30 casos, con un saldo de 141 víctimas; y los grupos armados no identificados son responsables de 29 casos, con un saldo de 51 víctimas.

La inseguridad, la desconfianza y el miedo se han sembrado en el territorio efecto de la violencia ejercida por distintos actores. La población teme que se repitan los casos de “falsos positivos” ocurridos en el pasado. En Soacha el Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política registró en su momento 15 casos, con un saldo de 17 víctimas. 14 de responsabilidad de tropas del Ejército Nacional y 1 de responsabilidad conjunta entre tropas del Ejército y la Policía Nacional.

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Violencia camuflada. La base social en riesgo


Por: Banco de Datos de DD.HH. y Violencia Política

Informe anual de DD. HH. en Colombia 2018

El Cinep/Programa por la Paz presenta este informe con el ánimo de alertar sobre las dinámicas de la violencia político-social —con especial énfasis en los casos asociados a los asesinatos de dirigentes y miembros de las Juntas de Acción Comunal y dirigentes cívicos— como servicio a las víctimas en un ejercicio de recuperación de la memoria, con la esperanza de contribuir en la construcción de una Colombia diferente, justa, sostenible y en paz.

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Mujer víctima, violencia de género y conflicto armado… Realidad que persiste


Por: Viviana Ayde Vargas Rivera

La autora hace un completo análisis de la violencia contra la mujer, violencia de género luego de la firma de los acuerdos de paz en noviembre de 2016 a partir de las cifras del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política. En palabras de Vargas:

«Valerosas mujeres colombianas han conseguido reivindicaciones históricas como, los derechos de bienes patrimoniales (1933),el derecho a la educación superior (1936), el derecho al voto (1957), las mujeres que consiguieron derechos como la igualdad y la no discriminación de raza o sexo en la Constitución de 1991, aquellas víctimas del conflicto que valerosamente han alzado su voz para reclamar justicia como es el caso de las Madres de Soacha quienes perdieron a sus hijos víctimas de los denominados falsos positivos y, hoy día siguen exigiendo verdad justicia y reparación. (Vargas Rivera, 2007, p. 9)

La victimización de las lideresas en Colombia ha sido sistemática a través de décadas de conflicto armado, históricamente las mujeres, niñas y niños han sido los más vulnerados en sus derechos y marginados por parte del Estado, cuando se habla de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición.

El conflicto armado, que aún persiste en nuestro país, se ha caracterizado por el accionar de los grupos armados que, mediante ultrajes a la mujer en su integridad física y psicológica, usan el abuso sexual como un arma de guerra,en casos que la mayoría de veces terminan con tortura y homicidio.

El ultraje a la integridad, y al cuerpo de la mujer es parte de los actos de dominación del hombre, y responde por supuesto a las concepciones creadas al interior de nuestra sociedad influida por la violencia en todas sus expresiones. En nuestro contexto la mujer está mediada por su feminidad y por ello obtiene características de fragilidad, sensibilidad, delicadeza, maternidad, entre otras y, existe la errónea creencia popular de que todas estas características la “incapacitan” para desempeñarse en el mundo externo». Leer texto completo


Diálogos CINEP ¿Cuáles son los patrones? Asesinato a líderes sociales en 2019

En el espacio, Diálogos CINEP/PPP, se presentaron los informes Matar a líderes sociales para el control territorial. Las consecuencias inesperadas de la paz, dirigido por el profesor Fernando Vargas, de la Universidad del Rosario y el informe ¿Cuáles son los patrones? Asesinatos de líderes sociales en el Post Acuerdo, construido por una plataforma de organizaciones sociales defensoras de derechos humanos cuya exposición estuvo a cargo de Diana Sánchez del programa somos Defensores, una de las organizaciones parte del informe. De acuerdo a la presentación del profesor Vargas, la motivación para construir el informe Matar a líderes sociales para el control territorial.

Las consecuencias inesperadas de la paz, surge del hecho evidente de que este, es un modelo sistemático, es un fenómeno que tiene causas políticas evidentes, pero a pesar de ello es un fenómeno hasta ahora poco estudiado de manera rigurosa. De acuerdo a la investigación, las agresiones contra líderes se incrementan desde el primer semestre del año 2015 y luego de la declaración de cese al fuego permanente unilateral declarado por las FARC-EP el 20 de diciembre de 2014 en medio de los diálogos de paz. Sin embargo, la administración Santos no escucho y evadió su responsabilidad al punto de justificar los crímenes bajo la hipótesis que los asesinatos contra líderes en el país, son líos de faldas. Diana Sánchez del programa Somos Defensores, expuso que el informe Matar a líderes sociales para el control territorial.

Las consecuencias inesperadas de la paz, el cual considera, surge en un momento definitivo en el que los ojos del país y la comunidad internacional están puestos en las garantías de protección para los líderes sociales. De acuerdo al cruce de datos entre las organizaciones parte del informe, se evidencia que entre el primero de enero del año 2016 y julio del 2018, se presentaron 343 casos de asesinatos de líderes sociales. Entre estas cifras existen 7 casos de asesinatos donde se encuentra seriamente comprometida la fuerza pública y que podrían constituir ejecuciones extrajudiciales. A los líderes, lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos de Colombia, los están asesinando en sus territorios, en sus localidades, veredas, corregimientos, barrios, casas, en el sitio que sea, porque están luchando por los derechos cotidianos.

El Alto de la Buenavista, Provincia de Lengupá (Boyacá)

Colección completa de la revista Noche y Niebla 1996 – 2018


Colección completa del Boletín de Justicia & Paz 1988 – 1996