Autor: Cristian Llanos

Por: Banco de Datos de DD. HH. y Violencia Política

Periodo: 1 de julio al 31 de diciembre de 2023

Los impedimentos de la verdad judicial
al desnudo

El Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del Cinep/ppp, por medio de las revistas Noche y Niebla N.º 68, correspondiente al período comprendido entre el día 01 de julio y 31 de diciembre del año 2023, publicó y visibilizó 412  casos de violaciones de Derechos Humanos, DD. HH., Derecho Internacional Humanitario Consuetudinario, DIHC, y Violencia Político Social, VPS.

En la presentación del informe, el sacerdote jesuita Javier Giraldo Moreno, llama la atención sobre el tema de la justicia, que en otras ocasiones ya ha tratado, (ver el documento: Testigo de excepción) en este levanta la capa que cubre las vergüenzas de la justicia colombiana y que mantienen el engranaje de la impunidad y la continuidad de la violencia política. La preocupación de la mayoría de las defensoras y defensores de los Derechos Humanos, alcanzar justicia y obtener verdad, dice Giraldo: “Ni los colombianos ni la comunidad internacional desconocemos esa verdad de a puño que descertifica lo escaso de verdad judicial que se produce en Colombia. Recientemente, el Presidente de la República, Gustavo Petro, ha aprovechado algunas de sus intervenciones públicas para señalar los principales obstáculos para que en los ejercicios del poder judicial existente en Colombia se pueda configurar algo de verdad. Una fue su intervención en el XXVI Encuentro de la Justicia Ordinaria, realizado en Bucaramanga el 1º de septiembre de 2023, y otro fue la posesión del Magistrado Gerardo Barbosa Castillo en la Corte Suprema de Justicia, el 13 de diciembre de 2023” (Giraldo, 2024). En la presentación reitera como estos obstáculos políticos y judiciales que ha construido el crimen potencian el genocidio, a su vez bloquean las reformas sociales, políticas que el país y los millones de víctimas esperan para comenzar a atacar la impunidad bajo cambios normativos que ayuden a encontrar caminos de justicia y verdad.

Por: Banco de Datos de DD. HH. y Violencia Política

Periodo: 1 de enero al 30 de junio de 2023

Expectativas tambaleantes

El Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del CINEP/PPP, por medio de la revista Noche y Niebla No. 67, correspondiente al período comprendido entre el día 01 de enero al 30 de junio del año 2023, publica y visibiliza 409 casos de violaciones de Derechos Humanos, DDHH, infracciones al Derecho Internacional Humanitario Consuetudinario, DIHC, y Violencia Político-Social, VPS.

En la presentación del informe, el sacerdote jesuita Javier Giraldo M., llama la atención sobre la continuidad de la violencia política, y otros conflictos sociales que son historia en el país, reproducimos una parte del texto: «Ya transcurrido un año de gobierno del Pacto Histórico, el panorama de la violencia, de la injusticia y de la corrupción en Colombia no revela cambios significativos. Las reformas económico-sociales más anheladas por las mayorías de base han encontrado obstáculos de fondo en la élite dominante, cuyo poder continúa expresándose en los partidos políticos, en el Congreso, en el empresariado, en los grandes medios de información y en la masa burocrática que continúa inserta en las mismas instituciones del Estado y en su fuerza pública y que no se deja remover de sus puestos, apoyada por los órganos de control, cooptados por los anteriores gobiernos y que mantienen amordazados a los mismos funcionarios del nuevo gobierno, amenazándolos con procesos penales o disciplinarios por violación de alguna de las más de 6 millones de leyes y decretos que la élite ha acumulado a su favor durante los dos siglos de hegemonía. Sin embargo, el juego de fuerzas entre el viejo país corrupto, pero empoderado, y el nuevo país, que lucha por salir de la barbarie y de la podredumbre moral, va revelando también los monumentales desafíos que lanza el sueño de una nación justa y democrática. El negociador del ELN en su proceso de paz con el Estado, PABLO BELTRÁN, al expresarse en el multitudinario acto de instalación de la Comisión de Participación de la Sociedad en los diálogos, el pasado 3 de agosto (2023), llamó la atención sobre la monstruosa injusticia consistente en que el Estado esté invirtiendo la tercera parte de sus ingresos en el pago de sólo los intereses de su deuda con la Banca Multinacional, algo que el pueblo ignora y que de ninguna manera aprobaría. Ello muestra cómo las decisiones que afectan a la nación se toman a escondidas de su población, así sean tan inmorales y absurdas como ésta. Cuántos absurdos e injusticias similares se han negociado en secreto con las potencias económicas del mundo, ocultándole al pueblo los gravísimos daños que le causan. En los últimos días, el Presidente Petro destapó el absurdo escondido en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que le impide al país cultivar su propio maíz. Existen millares de injusticias aberrantes escondidas en los más de 6 millones de leyes y decretos aprobados a escondidas de la nación. Muchas de esas injusticias son las que hoy no permiten implantar reformas urgentes, pues las élites se han dotado de armas jurídicas para blindar sus aberrantes decisiones.»

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Por: Banco de Datos de DD. HH. y Violencia Política

Periodo: 1 de julio al 31 de diciembre de 2022

Genocidio y moral omisiva

El Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del CINEP/PPP, por medio de la revista Noche y Niebla No. 66, correspondiente al período comprendido entre el día 01 de julio y 31 de diciembre del año 2022, en la que hemos registrado información sobre las diferentes violencias políticas permanentes y vigentes en el territorio nacional, que dan cuenta de las violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos, infracciones graves al Derecho Internacional Humanitario Consuetudinario y la Violencia Político social en 493 casos.

Dice en la presentación el padre Javier Giraldo s.j.: «Es preocupante comprobar cómo, al registrar la información sobre líderes sociales y excombatientes asesinados, semestre tras semestre, ya no es posible identificar, siquiera de manera indiciaria, los perfiles básicos de los victimarios. El ANONIMATO ha ido reemplazando progresivamente ese perfil. De los 79 asesinatos registrados en el último semestre de 2022, (66 casos de líderes y lideresas sociales y 13 casos de excombatientes firmantes del Acuerdo de Paz) sólo en 12 casos fue posible perfilar indiciaria y vagamenteal victimario: en 2 casos hubo autoría clara del ejército; en 3  casos la autoría apuntaba indiciariamente a disidencias de la guerrilla y en 7 casos a estructuras paramilitares. En los demás casos, los términos para identificar genéricamente al victimario se reparten entre estos: “fue asesinado” (el más generalizado, en 24 casos); “sujetos/hombres armados”; “desconocidos”; “victimarios”; “sicarios”; o las expresiones: “fue hallado muerto”; “fue llevado…”. Tal carencia de información incide necesariamente en la categorización de las víctimas de acuerdo a nuestro marco conceptual. El episodio más rutinario que se registra consiste en la llegada de uno o dos encapuchados armados y movilizados en motos sin placas, quienes disparan, matan y huyen apresuradamente, dejando a familiares y testigos en la absoluta ignorancia sobre los autores y los móviles y cerrando de paso toda posibilidad de abrir procesos judiciales que puedan tener algún resultado por las vías clásicas de pruebas testimoniales, o al menos de la elaboración de un “retrato hablado” del autor material. Y ya que la “justicia” no ha variado en absoluto sus métodos de investigación, se puede afirmar que persistir en ellos es la más eficaz contribución a la impunidad y a la continuidad del exterminio de los líderes sociales.»

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Por: Banco de Datos de DD. HH. y Violencia Política

Periodo: 1 de enero al 30 de junio de 2022

Extractivismo, militarización y despojo en el centro y sur del Cesar: resistencias campesinas al genocidio

El Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del CINEP/PPP, por medio de la revista Noche y Niebla No. 65, correspondiente al período comprendido entre el día 01 de enero y 30 de junio del año 2022, en la que hemos registrado información sobre las diferentes violencias políticas permanentes y vigentes en el territorio nacional, que dan cuenta de las violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos en el contexto de la estigmatización al liderazgo social, la defensa del territorio, las movilizaciones y justas protestas sociales, por medio de la implementación de hechos represivos que se escudan en el marco de la legalidad.

Entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2022, en Colombia se tuvo información de 480 casos con 983 victimizaciones, todas vulneraciones a los Derechos Humanos, DDHH, infracciones al Derecho Internacional Humanitario Consuetudinario, DIHC, y Violencia Político-Social, VPS, según los datos registrados por el Banco de Datos de DDHH y Violencia Política del Centro de Investigación y Educación Popular, Cinep y la Red Nacional de Bancos de Datos.

Cifras globales muestran que los hombres fueron los más afectados en estas violencias aunque la falta de información, en algunos casos, no permite precisar con exactitud el número de víctimas en términos de género. Sigue siendo una constante el ataque a las personas que ejercen liderazgos sociales y a las reincorporadas.

En cuanto a los victimarios se evidenció que los paramilitares, la Policía, la Fiscalía y Ejército son los principales perpetradores de las victimizaciones en el marco de las violaciones a los DDHH. En cuanto a infracciones graves al DIHC, las disidencias de las FARC-EP y el ELN son los principales infractores. También, se registró un gran volumen de victimizaciones donde no se pudo identificar a los victimarios.

El departamento del Cauca registró el mayor número de victimizaciones, seguido por, Valle del Cauca, Santander, Arauca y Antioquia. Sin embargo, teniendo en cuenta que la situación de violencia política en Colombia es estructural y generalizada debe tenerse una mirada en todas las regiones y no descuidar aquellas donde pueden presentarse picos de violaciones dada su conflictividad por el control de las economías legales e ilegales, la disputa territorial y económica de grupos armados, entre múltiples factores. En este sentido, la revista Noche y Niebla Nº65 pone su atención a las vulneraciones en el departamento del Cesar que incluye tres zonas de influencia, una vinculada a la dinámica de La Guajira y la Sierra Nevada de Santa Marta; el centro, más articulado al río Magdalena y el sur del Cesar con su conexión al Catatumbo y el Magdalena Medio. El foco entonces está en las dos últimas zonas de la región Cesar, donde se registraron 343 casos que involucran múltiples victimizaciones desde 2010 y en lo que va corrido de 2022 se denunciaron tres asesinatos de líderes sociales en la región, que evidencian la conflictividad de este territorio. El hecho más reciente ocurrió el 3 de agosto en el municipio de Tamalameque, Cesar, cuando asesinaron a José Luis Quiñones, quien era integrante de La Comisión de interlocución del Sur de Bolívar, Norte y Sur del Cesar, afiliado al Coordinador Nacional Agrario, CNA, además, se encontraba en un proceso de recuperación de tierras en la finca Mata Redonda.

EL ESTIGMA COMO POLÍTICA DE ESTADO

Por: Banco de Datos de DD. HH. y Violencia Política

Periodo: 1 de julio al 31 de diciembre de 2021

El Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del CINEP/PPP, por medio de la revista Noche y Niebla No. 64, correspondiente al período comprendido entre el día 01 de julio y 31 de diciembre del año 2021, ha registrado información sobre las violencias políticas permanentes y vigentes en el territorio nacional, que dan cuenta de las violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos en el contexto de la estigmatización al liderazgo social, la defensa del territorio, las movilizaciones y justas protestas sociales, por medio de la implementación de hechos represivos que se escudan en el marco de la legalidad.

A partir del 28 de abril de 2021, se dio inicio a una gran movilización social, convocada por las centrales obreras, organizaciones sociales y estudiantiles en contra de las medidas económicas, sociales y políticas del gobierno del presidente Iván Duque. Ante las justas protestas de la sociedad colombiana, el gobierno nacional implementó un sistema represivo profundamente antidemocrático que trató a los ciudadanos como delincuentes o enemigos de la seguridad del Estado, sustentado en la idea de concebir a la ciudadanía que propende por los derechos de todos y todas sean respetados, garantizados y los bienes y el poder equitativamente compartidos – con la idea de una utopía solidaria-; como delincuentes y como objetivos de señalamiento y seguimiento; ejemplo de ello, fue y es la estigmatización, la amenaza, la detención y la judicialización arbitraria de los y las jóvenes de la Primera Línea.

La estigmatización como política de Estado da cuenta de la multiplicación de judicializaciones y detenciones contra quienes se movilizaban, del miedo a la exigencia de derechos fundamentales y a la deslegitimación de la protesta social a través del reforzamiento de la política estatal represiva y criminal.

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