Informe: ¿Cuáles son los patrones? Asesinato de líderes sociales en el Post acuerdo

Este informe es un documento construido con base en los registros e información aportada por las organizaciones participantes en un ejercicio de aproximación a determinadas variables identificables referidas a las violaciones a los derechos a la vida, libertad e integridad de líderes sociales y de defensoras y defensores de derechos humanos, así como, en algunos casos, a las de sus allegados y otras personas que rodean su labor. De ninguna manera pretende dar cuenta de la totalidad de casos ni abarcar de manera holística la integralidad de una realidad compleja que seguramente excede en lo cualitativo y en lo cuantitativo a lo expuesto en el texto; tan solo es una aproximación al fenómeno abordado teniendo en cuenta algunos elementos comunes identificados, con base en los registros de casos aportados por las organizaciones participantes, que resultan útiles en la identificación de patrones y de correlaciones entre variables concretas, Cinep/PPP.

Entre los patrones que llaman poderosamente la atención en el informe, está que de acuerdo con los dictámenes forenses hechos por las propias autoridades de Colombia: la mayoría de los líderes sociales referenciados en esta investigación fueron asesinados con balas fabricadas y vendidas por la misma fábrica de municiones y armas.

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MUJER VÍCTIMA, VIOLENCIA DE GÉNERO Y CONFLICTO ARMADO… REALIDAD QUE PERSISTE

Viviana Ayde Vargas Rivera[1]

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Colombia ostenta el no honroso segundo lugar en cifras históricas en casos de violencia contra la mujer, según el informe de ONU Mujeres, “El Progreso de las Mujeres en América Latina y El Caribe 2017”, las cifras de violencia contra la mujer son alarmantes, aunque los datos disponibles sobre la magnitud de la violencia contra las mujeres en América Latina y aún más en Colombia no son suficientes, no alcanzan a reflejar la alarmante situación, dado que hay una gran mayoría de casos donde las mujeres no denuncian.

En Colombia la violencia contra la mujer ha sido usada como un mecanismo de dominación y poder, en las modalidades de violencia de género sobresalen la violencia doméstica, la violencia ejercida por sus parejas que muestra como máxima expresión cifras alarmantes de feminicidio. Además de estas formas, el conflicto armado ha incrementado el número de mujeres violentadas por todos los actores armados del conflicto.

Durante más de medio siglo el conflicto armado colombiano que tiene causas sociales, políticas y económicas ha tomado el cuerpo de las mujeres como botín de guerra y especialmente en las últimas décadas y más aún en el periodo de post-acuerdo ha dejado un sin número de víctimas.

Las mujeres tanto campesinas, indígenas, lideresas urbanas, obreras, afrodescendientes en nuestro país han tenido que enfrentar la discriminación en su condición de género y además ha vivido las múltiples formas de violencia propia en el contexto del conflicto donde se destaca el desplazamiento forzado.

Las mujeres en el contexto del conflicto han mantenido también su opción de trabajo por las reivindicaciones sociales, políticas y económicas y principalmente se organizan en pro de la defensa de los derechos humanos y de la dignidad de su permanencia en los territorios.

Desde hace décadas las mujeres colombianas han tenido que enfrentar la opresión liderando numerosos procesos de resistencia y resiliencia, convirtiéndose muchas de ellas en protagonistas de una historia no contada, no recordada, no destacada, es por ello que hoy recordaremos algunas de esas valientes mujeres.

Felicita Campos quien en 1890 encabezó las ligas de campesinos en resistencia contra los terratenientes. Juana Julia Guzmán campesina cordobesa que en 1916 fundó la Sociedad de Obreros y Artesanos de Córdoba y además la sociedad de obreras “Redención de la Mujer”. Betsabé Espinoza, obrera textil quien en la década de 1920 en Bello (Antioquia) organizó a 300 mujeres para exigir aumento salarial.

María Cano se destacó entre otras por la realización de numerosas giras entre 1923-1929 para organizar a trabajadoras y trabajadores del campo y la ciudad contribuyendo con la creación de la primera central obrera colombiana. Catorce mil indígenas conocidas como “Bandada de Águilas Furiosas” que firmaron un manifiesto por el derecho a la tierra en 1927.Petrona Yance junto a 800 mujeres que en 1928 apoyaron las valerosas luchas de las trabajadoras y trabajadores agrícolas de las bananeras.

Valerosas mujeres colombianas han conseguido reivindicaciones históricas como, los derechos de bienes patrimoniales (1933),el derecho a la educación superior (1936), el derecho al voto (1957), las mujeres que consiguieron derechos como la igualdad y la no discriminación de raza o sexo en la Constitución de 1991, aquellas víctimas del conflicto que valerosamente han alzado su voz para reclamar justicia como es el caso de las Madres de Soacha quienes perdieron a sus hijos víctimas de los denominados falsos positivos y, hoy día siguen exigiendo verdad justicia y reparación. (Vargas Rivera, 2007, p. 9)

La victimización de las lideresas en Colombia ha sido sistemática a través de décadas de conflicto armado, históricamente las mujeres, niñas y niños han sido los más vulnerados en sus derechos y marginados por parte del Estado, cuando se habla de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición.

El conflicto armado, que aún persiste en nuestro país, se ha caracterizado por el accionar de los grupos armados que, mediante ultrajes a la mujer en su integridad física y psicológica, usan el abuso sexual como un arma de guerra,en casos que la mayoría de veces terminan con tortura y homicidio.

El ultraje a la integridad, y al cuerpo de la mujer es parte de los actos de dominación del hombre, y responde por supuesto a las concepciones creadas al interior de nuestra sociedad influida por la violencia en todas sus expresiones. En nuestro contexto la mujer está mediada por su feminidad y por ello obtiene características de fragilidad, sensibilidad, delicadeza, maternidad, entre otras y, existe la errónea creencia popular de que todas estas características la “incapacitan” para desempeñarse en el mundo externo.

Las cifras en materia de delitos sexuales en contra de niñas, adolescentes y mujeres son muy elevadas, según datos de Medicina Legal para el año 2017 fueron practicados 20.149 exámenes médicos por presunto delito sexual en Colombia, de los cuales 17.557 fueron practicados a niñas menores 18 años y 2.862 se practicaron a mujeres mayores de 18 años. (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2018, p. 53)

Las cifras sobre violencia sexual en el marco del conflicto armado en el país son alarmantes. Según cifras oficiales de la Red Nacional de Información (Unidad para las Víctimas, 2018), de un universo de 8.760.290 víctimas registradas con fecha de corte 1 de octubre de 2018, son mujeres 4.170.856 y de ese universo de mujeres, las víctimas de delitos contra la integridad sexual son 23.875. 

Por parte del Observatorio de Memoria y Conflicto, (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2018)  se da cuenta de un universo de 15. 738 víctimas de violencia sexual en el periodo 1958-2017, de las cuales 14.250 son mujeres.

El Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política, (CINEP, 2018) en el Sistema de Violencia Política en Línea SIVeL ha registrado a partir de 2001 hasta junio de 2018 un universo de 67. 961 víctimas, de las cuales 455 son víctimas de violencia sexual.

En Colombia se han realizado dos encuestas de Prevalencia de la Violencia Sexual en Contra de las Mujeres en el Contexto del Conflicto Armado Colombiano, la primera en el periodo 2001-2009 y la segunda correspondió al periodo 2010- 2015, dicho estudio se ha hecho con un universo de mujeres bastante significativo y en una buena parte del territorio nacional.

El periodo 2010-2015, muestra una prevalencia de violencia sexual contra las mujeres del 18,36% para los 142 municipios con presencia de fuerza pública, guerrilla y paramilitares o BACRIM.  De esta prevalencia se desprende que durante los seis años objeto de este estudio, 875.437 mujeres fueron víctimas directas de algún tipo de violencia sexual. Este dato representa que anualmente, en promedio, 145.906 mujeres fueron víctimas directas de algún tipo de violencia sexual, 12.158 lo fueron cada mes, 400 lo fueron cada día y 16, cada hora. Delo anterior es posible inferir que la violencia sexual constituye una práctica habitual y frecuente en el marco del conflicto armado y por lo mismo puede ser calificada como generalizada de conformidad con el derecho internacional (OXFAM, 2016, p. 5)

En noviembre del año 2016 se dio la firma del Acuerdo Final de Paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC- EP, contrario a las esperanzadoras predicciones sobre el desescalamiento del conflicto, las cifras han demostrado lo contrario, los hechos de violencia por parte de grupos paramilitares y guerrillas aumentó considerablemente afectando en gran medida a la población civil, hecho que se demuestra dramáticamente en el asesinato sistemático de lideresas y líderes  sociales, que aumentó luego de la firma del acuerdo.

Mujer y lideresa, doblemente victimizada

Las cifras de hechos violentos contra lideresas y líderes sociales han venido en aumento según datos del programa Somos Defensores, “entre enero 2009 y junio de 2018 han sido asesinados 609 defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia” (Somos Defensores., 2018, p. 104).

La violencia en Colombia en los últimos dos años ha generado todo tipo de violaciones a los derechos humanos, especialmente en contra de lideresas y líderes sociales. Donde sobresalen hechos de violencia de género, tales como las amenazas, el desplazamiento forzado, los asesinatos selectivos, la violencia sexual y los feminicidios.

Teniendo en cuenta que en nuestro país el número de mujeres lideresas es bajo en comparación al número de líderes hombres, es aún más alarmante el aumento de hechos violentos en contra de las lideresas, ya que el asesinato, conlleva un mensaje de miedo a otras mujeres que quieran adelantar una tarea en defensa de sus derechos o los de sus comunidades.

El incremento porcentual de los asesinatos a lideresas y defensoras de Derechos Humanos entre el primer semestre de 2016, 2017 y 2018 fue de:

• 133,3% de 2016 a 2017 y 14,3% de 2017 a 2018 de acuerdo con los informes de Somos Defensores (enero-julio).

• 160% de 2016 a 2017 y 38,5% de 2017 a 2018 según la matriz de Marcha Patriótica (enero- julio). (Sisma Mujer, 2018, p. 4)

La Defensoría del Pueblo en una alerta temprana emitida el 28 de febrero de 2018,dice que entre el primero de enero de 2016 y el 27 de febrero de 2018 fueron asesinadas “282 personas que se dedicaban a la defensa de la comunidad y de los derechos humanos”, en la alerta la Defensoría del Pueblo llama la atención sobre los casos en los que se registra violencia sexual previa al asesinato de lideresas y defensoras de derechos humanos, dice que:

Los actos dirigidos a castigar la participación de las mujeres en el ámbito de lo público en las mujeres afectan a la lideresa y a su organización y buscan inhibir el surgimiento de nuevos liderazgos y procesos organizativos visibles de mujeres. (Defensoría del Pueblo, SAT, 2018, p. 56)

La fundación Ideas Para la Paz emitió un informe de los 8 primeros meses del año 2018, periodo en que fueron asesinados 72 líderes sociales de los cuales el 87.5% son hombres y 12.5% son mujeres y, señalan que “La violencia sexual se ejerce mayoritariamente sobre las mujeres líderes y en diversos casos se repite causando ciclos de re victimización. A esto se suman amenazas e intimidaciones sobre sus familias” (Fundación Ideas Para la Paz, 2018).

En medio de este panorama es evidente que la fuente principal de la crisis en torno a las vulneraciones de derechos humanos a mujeres, es el alto grado de impunidad, así como el nivel de riesgo que padecen las mujeres en el contexto del conflicto,donde sus derechos son vulnerados y muchas veces son victimizadas por la impunidad y demora de las investigaciones en los procesos judiciales.

La violencia de género contra la mujer es una realidad que plantea retos para la justicia transicional, que debe superar la discriminación contra las mujeres,buscando una perspectiva de género que permita visibilizar las formas de violencia que han sido sometidas. Analizando responsabilidades de carácter político y moral de los perpetradores, no solo con el objetivo de juzgar a los responsables que se acogen a la Jurisdicción Especial Para la Paz (JEP), tambiénes necesario lograr la reparación de las víctimas y dar garantías de no repetición.

Ideas para buscar un cambio

  • Es imperativa la búsqueda de una sociedad libre de violencias contra las mujeres,para lograrlo se debe dar una dura pelea en contra de la impunidad y, para ello el primer paso es lograr un registro consolidado de los casos y hechos de victimización a mujeres.  El no contar con registros exactos, sobre los hechos de violencia contra la mujer evidencia la clara necesidad de buscar mecanismos y herramientas de medición de violencia con enfoque de género, para que sea aplicada por las organizaciones defensoras de derechos humanos, observatorios, bases de datos, etc.
  • Es necesario seguir con la apuesta por posicionar la problemática de violencia contra la mujer en la agenda pública,para que la jurisprudencia de protección a la mujer que se ha logrado sea materializada y se avance hacia una vida libre de violencias contra la mujer.
  • Debemos conjurar ese imaginario colectivo dela cultura machista en que vivimos y que fomenta las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, generando opiniones erradas sobre el rol que debemos cumplir las mujeres en la sociedad y, que tilda a las lideresas como mujeres que abandonan a sus seres queridos en pro de cumplir una función social.
  • Es necesario hacer uso de la memoria histórica para rescatar el ejemplo de muchas mujeres que han luchado por la construcción de la sociedad justa, debemos exigir que la historia no sea solo contada desde una orilla, necesitamos reivindicar el rol de la mujer como lideresa y como defensora de derechos humanos.

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Referencias

Fundación Ideas Para la Paz. (2018). Agresiones Y Homicidios de Líderes Sociales, un Problema que Requiere Acciones Urgentes por la Paz.. Bogotá.

Defensoría del Pueblo, SAT. (2018). Alerta Temprana Número 026-18 DEL 28 de Febrero de 2018. Bogotá.

Sisma Mujer. (2018). Análisis Comparativo de los Asesinatos a Líderes y Lideresas, y Defensoras/res de DDHH en Colombia Durante los Primeros Meses del Año 2018. Bogotá.

Somos Defensores. (2018). Más Allá de las Cifras, Segunda Parte Enero-Junio de 2018. Bogotá.

OXFAM. (2010). Encuesta de Prevalencia “Violencia Sexual en Contra de las Mujeres en el Contexto del Conflicto Armado 2001-2009”. Bogotá: OXFAM.

OXFAM. (2016). Encuesta de Prevalencia de Violencia Sexual en Contra de las Mujeres en el Contexto del Conflicto Armado Colombiano 2010-2015. Bogotá: OXFAM.

ONU Mujeres. (2018). “El Progreso de las Mujeres en América Latina y El Caribe 2017”. Informe .

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses . (3 de Diciembre de 2018). FORENSIS. Datos para la vida 2017. Obtenido de http://www.medicinalegal.gov.co/documents/20143/262076/Forensis+2017+Interactivo.pdf/0a09fedb-f5e8-11f8-71ed-2d3b475e9b82

Unidad para las Víctimas. (3 de Diciembre de 2018). Red Nacional de información . Obtenido de https://cifras.unidadvictimas.gov.co/

Centro Nacional de Memoria Histórica. (7 de Diciembre de 2018). Observatorio de Memoria y Conflicto. Obtenido de http://centrodememoriahistorica.gov.co/observatorio/

CINEP. (7 de Diciembre de 2018). Banco de Datos de Derechos Humanos y violencia Política. Obtenido de http://www.nocheyniebla.org/?page_id=566

Vargas Rivera, V. (2007). Aproximación Histórica a la Participación de la Mujer en las Luchas Sociales en Colombia. Revista Antigona Número 1 , 42.


[1] Politóloga de la Universidad Nacional e investigadora del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del Cinep/PPP.

Presidente de la JAC de Puerto Cachicamo Guaviare en riesgo

El sábado 10 de noviembre de 2018, recibimos el siguiente video denuncia en la que se evidencia la amenazas que profiere el Teniente Coronel Yair Javier Cruz Castillo, al parecer, comandante del batallón de operaciones terrestres No 7 del Ejército Nacional en contra Fermín Oviedo presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Puerto Cachicamo jurisdicción de San José del Guaviare (Guaviare). “Váyanse para sus casas a hacerle el amor a sus mujeres”, afirma el alto oficial quien califica de “payasada” la movilización social que lideran los jóvenes estudiantes de la vereda quienes reclaman el respeto a la vida y la no militarización del territorio.

Este hecho se suma al asesinato por desconocidos en Vistahermosa (Meta) de Jhon Fredy Durango Acosta ocurrido el 7 de octubre de 2018 y Javier Jesús Velázquez Garzón el 30 de octubre en la vereda Cachicamo, territorios altamente militarizados. Ver denuncia completa, emitida el 5 de noviembre por la Corporación Derechos Humanos, Vida, Dignidad y Paz (DHVDP)

Revista Noche y Niebla Nº 57

El número 57 de Noche y Niebla está dedicada al departamento de Norte de Santander, en especial a las zonas de El Catatumbo y el área metropolitana de Cúcuta, por lo que, además del panorama nacional de derechos humanos, se presentan dos artículos referidos al contexto de violencia en dichos lugares. Todo realizado en estrecha colaboración y articulación con organizaciones regionales como la Fundación Progresar y el Comité de Integración Social de El Catatumbo, Cisca, conocedoras de la crisis humanitaria en Norte de Santander originada por la presencia de múltiples actores del conflicto armado interno colombiano.Leer revista completa

Nace la Red por la defensa del territorio y la paz – Llano & Selva

San José del Guaviare, 16 de febrero de 2018. Delegados y representantes legales de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJyP), la Corporación Yira Castro, la Corporación Humanidad Vigente, la Corporación Vínculos, la Corporación Colectivo SocioJurídico Orlando Fals Borda (CsJOFB), la Corporación Claretiana Normán Pérez Bello (CCNPB), El Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del Cinep/PPP (BanDatos), la Pastoral Social Suroriente Colombiano,  la Pastoral Social Diócesis de Granada con el acompañamiento de Misereor se reunieron en el auditorio de la Universidad Nacional Abierta a Distancia (UNAD) de San José del Guaviare y decidieron por consenso dar vida a la RED POR LA DEFENSA DEL TERRITORIO Y LA PAZ – LLANOS & SELVA (RED LLANO & SELVA).

Llano & Selva es un esfuerzo de articulación del orden nacional y regional de iniciativas, alianzas estratégicas y espacio de construcción colectiva de conocimiento y metodologías armónicas con la madre tierra para la defensa del territorio del extractivismo y la violencia del “desarrollo” que desconoce los derechos de los pueblos indígenas, afrocolombianos y campesinos en el llano y la selva de Colombia.

El la tarde del día viernes 16 de febrero se llevó a cabo el lanzamiento del informe Despojar y desplazar: estrategia para el desarrollo de la orinoquía ante más de 80 guaviarenses que se desplazaron desde los cuatro municipios que conforman el departamento hasta San José del Guaviare.

Entre los asistentes al lanzamiento, estaba William Aljure nieto de Dumar Aljure, líder guerrillero liberal de los años 60s. William Aljure compartió con los asistentes al lanzamiento un conmovedor testimonio de dolor y resiliencia. William Aljure viene llevando un lignito jurídico desde hace varios años tendiente a recuperar las tierras, que según su relato, la multinacional Italiana Poligrow se apropió con engaños jurídicos.

 

Revista Noche y Niebla Nº 54

El paramilitarismo SÍ existe.

El CINEP/Programa por la Paz quiere llamar -de nuevo- la atención sobre la expansión del paramilitarismo en Colombia, el cual se expresa mediante la sistemática violación a los derechos humanos contra líderes sociales, políticos y defensores de derechos humanos. Esto a pesar de que el ministro de defensa Luis Carlos Villegas, negó enfáticamente la existencia de grupos paramilitares en el país: “No hay paramilitarismo. Decir que lo hay significaría otorgarles reconocimiento político a unos bandidos dedicados a la delincuencia común u organizada[1].

El Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política ha registrado un incremento de víctimas de amenazas por parte de grupos paramilitares.  Durante 2016 se registraron 395 amenazas; 83 ejecuciones extrajudiciales; 44 personas heridas; 9 personas fueron desaparecidos y 12 más torturadas.
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[1] El Tiempo en su edición del 11 de enero de 2017

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Revista Noche y Niebla Nº 55

El Cinep/Programa por la Paz y el Banco de Derechos Humanos y Violencia Política ven con preocupación las sistemáticas violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, así como el preocupante incremento de las amenazas por parte de grupos paramilitares en contra de líderes sociales, campesinos y organizaciones de derechos humanos que trabajan por la paz en Colombia.

  • En el primer semestre del 2017 se le atribuye a los paramilitares un total de 389 victimizaciones y 484 victimizaciones a actores armados no identificados.
  • Comparado con el primer semestre del 2016, este periodo en 2017 registra un incremento del 26% respecto a victimizaciones cometidas por paramilitares, y una leve disminución del 2% en cuanto a victimizaciones de autores no identificados.
  • Como violencia político-social se catalogan los crímenes cometidos contra personas con participación en procesos políticos, pero cuyos presuntos responsables se desconocen. En el primer semestre del 2017 se registraron un total de 482 victimizaciones de este tipo, de las cuales, 83 ocurrieron el departamento de Nariño. De estas, 63 tuvieron lugar en el municipio de Tumaco. Leer revista completa [PDF]

Cuaderno de trabajo Nº 4 Memoria y Resistencia en Colombia

En este cuaderno se presentan seis formas diferentes de preservar la memoria de las víctimas durante el último período del conflicto social y armado colombiano (1993-2016). Estas seis formas son: la casa de la memoria en Tumaco, la peregrinación anual en Sogamoso, la comunidad en resistencia de San José de Apartadó, el Parque de la Memoria en Trujillo, la evangelización en el Alto Ariari y la memoria: nuestro territorio en Caldas. La preservación de la memoria es, en los seis casos, un ejercicio múltiple para exorcizar los fantasmas del pasado y del futuro.

Estos fantasmas varían según la localidad, pero todos muestran una impronta común: la violencia armada propia de la injusticia institucionalizada. En Sogamoso, “esta masacre [en el páramo de La Sarna] no se conocía lo suficiente en Sogamoso”, aunque “desde el primer aniversario algunos familiares de las víctimas acudían cada año al lugar donde ocurrieron los hechos para realizar una misa”. En Trujillo, “el municipio … ha sido recordado como un escenario donde la violencia política se ensañó contra la población… entre 1988 y 1994… sus víctimas acompañadas de organizaciones sociales… han realizado desde el año 1995 y hasta la fecha, doce peregrinaciones nacionales”. En Tumaco, “la Casa de la Memoria es un espacio social y pedagógico que busca la reivindicación de las voces de las víctimas acalladas por la violencia”. En el Alto Ariari, “los Misioneros Claretianos… se dieron a la tarea de recoger la memoria histórica de los crímenes de lesa humanidad cometidos en Colombia”. En San José de Apartadó “(…) se ha ido entendiendo que el plan oficial para la zona era de un total control militar-paramilitar… porque los recursos naturales… iban a ser puestos a disposición de… extranjeros. En medio de ese baño de sangre surgió una verdadera comunidad en resistencia”. En Caldas, “(…) en los eventos, cada organización ha contado desde su experiencia, el acercamiento a la historia reciente de dolor, su quehacer jurídico, organizativo, reivindicativo de derechos e incluso productivo, ambiental, barrial y en diversos escenarios y territorios desde los cuales brota la memoria del dolor y la pérdida, pero también del encuentro, los abrazos, las risas y las flores… Allí, han aparecido relatos diversos sobre lo que ha pasado…”.

Los fantasmas del futuro pueden reunirse en la frase del reporte de Tumaco: “El objetivo es generar conciencia de lo sucedido para promover un ‘basta ya’ a la guerra y una conciencia de que estos hechos nunca más se deben repetir”.

Para los Misioneros Claretianos, “volver a contar los hechos permite un encuentro con lo trascendente”. En realidad, estas iniciativas no solamente vuelven a contar los hechos, sino que constituyen una práctica experimental terapéutica, por una parte, y reconstituyente, por la otra. Ninguna de las formas es exclusiva; las seis combinan ejercicios comunes que tienden a despertar los recuerdos positivos con agradecimiento y a transformar los recuerdos dolorosos en energía para construir el futuro. Como aparece en los relatos, todas estas formas emplean símbolos vigorosos que mantienen vivos a los muertos mediante el recuerdo, y vivifican el futuro a través de la consciencia de la responsabilidad social. Esta se expresa en el “Nunca Más”.

El valor intrínseco de las formas presentadas consiste en su naturaleza experimental: todas son conjuntos de prácticas periódicas, repetitivas, rituales. Todas estas prácticas tienen, a su vez, una marca religiosa explícita, o bien, un trasfondo trascendental no confesional. En ambos casos se advierte que la eficacia de esos ritos de la memoria consiste en que les permiten a los participantes conectarse entre sí, en un nivel más profundo que el simple recuerdo anecdótico. Durante esos eventos, los participantes reviven los sentimientos del amor a sus seres queridos, en el caso de los familiares de las víctimas, y los demás participantes cultivan sus sentimientos de amistad y expanden su visión de la vida cuando meditan sobre la muerte. Las formas de amor que se ejercitan, al realizar el rito, son la materia prima de la solidaridad que construye o reconstruye sociedades. La función más significativa de esta publicación es mostrar que todos los fantasmas que paralizan nuestra imaginación pueden y deben ser conjurados si aspiramos a una vida en plenitud. Y que, además, hay formas de hacerlo siempre que se realicen en conjunto con otras personas y procediendo siempre con espíritu de entrega y de servicio a la causa de la justicia. La justicia es el nuevo nombre de la paz.

Alejandro Angulo S.J. Cinep/PPP,  diciembre 15 de 2016

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Boletín de Justicia y Paz

El Boletín de Justicia & Paz fue editado y publicado por la Comisión Intereclesial de Justicia & Paz, bajo la secretaría técnica del padre Javier Giraldo Moreno, S.J., entre enero de 1988 y junio de 1996.

  • V. 9, N. 1 Enero-Marzo 1996 [PDF]
  • V. 9, N. 2 Abril-Junio 1996 [PDF]
  • V. 8, N. 4 Octubre-Diciembre 1995 [PDF]
  • V. 8, N. 3 Julio-Septiembre 1995 [PDF]
  • V. 8, N. 2 Abril-Junio 1995 [PDF]
  • V. 8, N. 1 Enero-Marzo 1995 [PDF]
  • V. 7, N. 4 Octubre-Diciembre 1994 [PDF]
  • V. 7, N. 3 Julio-Septiembre 1994 [PDF]
  • V. 7, N. 2 Abril-Junio 1994 [PDF]
  • V. 7, N. 1 Enero-Marzo 1994 [PDF]
  • V. 6, N. 4 Octubre-Diciembre 1993 [PDF]
  • V. 6, N. 3 Julio-Septiembre 1993 [PDF]
  • V. 6, N. 2 Abril-Junio 1993 [PDF]
  • V. 6, N. 1 Enero-Marzo 1993 [PDF]
  • V. 5, N. 4 Octubre-Diciembre 1992 [PDF]
  • V. 5, N. 3 Julio-Septiembre 1992 [PDF]
  • V. 5, N. 2 Abril-Junio 1992 [PDF]
  • V. 5, N. 1 Enero-Marzo 1992 [PDF]
  • V. 4, N. 4 Octubre-Diciembre 1991 [PDF]
  • V. 4, N. 3 Julio-Septiembre 1991 [PDF]
  • V. 4, N. 2 Abril – Junio 1991 [PDF]
  • V. 4, N. 1 Enero-Marzo 1991 [PDF]
  • V. 3, N. 4 Noviembre-Diciembre 1990 [PDF]
  • V. 3, N. 3 Julio-Septiembre 1990 [PDF]
  • V. 3, N. 2 Abril-Junio 1990 [PDF]
  • V. 3, N. 1 Enero-Marzo 1990 [PDF]
  • V. 2, N. 4 Octubre-Diciembre 1989 [PDF]
  • V. 2, N. 3 Julio-Septiembre 1989 [PDF]
  • V. 2, N. 2 Abril-Junio 1989 [PDF]
  • V. 2, N. 1 Enero-Marzo 1989 [PDF]
  • V. 1, N. 4 Octubre-Diciembre 1988 [PDF]
  • V. 1, N. 3 Julio-Septiembre 1988 [PDF]
  • V. 1, N. 2 Abril-Junio 1988 [PDF]
  • V. 1, N. 1 Enero-Marzo 1988 [PDF]

Qué es el Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política

Desde hace décadas, los niveles  de violencia en Colombia han sido alarmantes. Algunos períodos han sido de gran intensidad de violencia política y sobre todo de aquella que se origina en el mismo Estado como mecanismo de represión a los movimientos sociales, como fue, por ejemplo, la desatada por el Estatuto de Seguridad (Decreto 1923 de 1978).

Paradójicamente, las primeras conversaciones de paz entre el gobierno y las guerrillas en la administración Betancur (1982-86) activaron de una manera desbordada las estructuras paramilitares, dando pie a que los niveles de violencia política a partir de 1985, llegaran a topes escandalosos, incluyendo los procesos de genocidio y exterminio de fuerzas políticas como la Unión Patriótica y otros movimientos, sindicatos y partidos. Justo en esa coyuntura, surgió la idea de crear un banco de datos para de alguna manera, sistematizar la información sobre las violaciones más graves a los derechos humanos. Ya que nadie estaba procesando esa información y no se tenía ninguna visión de conjunto de lo que estaba ocurriendo.

Asimismo, hay que tener en cuenta que, desde 1979 en adelante, estaba creciendo la sensibilidad de muchos sectores democráticos frente al deterioro de los derechos fundamentales de los colombianos. A ello contribuyó el Foro Nacional por los Derechos Humanos, convocado por el ex Canciller Alfredo Vásquez Carrizosa en 1979 y gracias a los informes de las misiones de observación a Colombia, hechos por Aministía Internacional y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en 1980.

Así pues, al ser creada la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz, a finales de 1987, como parte integrante de la Conferencia de Religiosos de Colombia, se diseñó, junto con el CINEP, un Banco de Datos de Derechos Humanos para responder a una de las necesidades apremiantes, que el campo de la defensa de los derechos humanos estaba revelando como una necesidad urgente, la información y la denuncia. En abril de 1988 comenzó a editarse el boletín trimestral titulado “Justicia y Paz”, como medio de divulgación y denuncia de los atentados más graves contra la vida y la dignidad humana, que se perpetraban en Colombia. Dicho boletín siguió editándose cada tres meses hasta junio de 1996, cuando el Banco de Datos entró en una etapa más tecnificada.

En efecto, las categorías utilizadas entre 1987 y 1996 fueron menos técnicas y se apoyaban en una lectura más sociológica de los hechos. El criterio adoptado era recoger y sistematizar toda la información dispersa en medios de comunicación y en denuncias directas, escritas u orales, de organizaciones, familias y entornos sociales de las víctimas, para presentarla al país y al mundo. No como casos judiciales fallados, sino como una primera alarma humanitaria de lo que se pedía que fuera investigado y sancionado. Es sabido que, la impunidad proverbial que afecta a Colombia ha dejado decenas de miles de casos en la impunidad absoluta. Por ello, surgieron dentro del mismo Banco de Datos y sus entidades patrocinadoras (CINEP y JUSTICIA Y PAZ), inquietudes sobre evaluaciones más técnicas de los hechos, que hicieran uso de los instrumentos jurídicos internacionales ya existentes.

Luego de las búsquedas y de opciones divergentes, se elaboró un Marco Conceptual más técnico en 1996, lo que dio pie para iniciar una nueva etapa con una nueva publicación llamada Noche y Niebla[1], que se inicia en julio de 1996.Dicho Marco Conceptual integró las dos inquietudes de fondo que se debatían en el Banco de Datos, por una parte, el deseo de una mayor rigurosidad jurídica, la cual podría lograrse por el recurso a los órdenes jurídicos que la comunidad internacional había elaborado para hacer operativos los derechos humanos y para regular los conflictos armados, salvaguardando principios humanitarios fundamentales. Y por otra parte, el deseo de no desechar informaciones precarias que logran saltar las barreras de muchas censuras, presiones y temores, pero que siguen siendo muy limitadas y que, sobre todo, dejan en la oscuridad la identidad de los victimarios aunque revelan indicios de móviles políticos.

Así pues, para satisfacer la primera inquietud, se comenzó a utilizar el instrumental del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario(DIH), como normatividad internacional adoptada por la Organización de Naciones Unidas. Para satisfacer la segunda inquietud, se abrió un buzón de “Violencia Política y Social”, en el cual se han seguido consignando los casos que no cuentan con evidencias que apunten a una autoría determinada, pero sí con unos indicios que permiten detectar algunos móviles políticos.

Aunque las opciones asumidas allanaron numerosas dificultades, no se puede decir que constituyen soluciones definitivas y satisfactorias. Los géneros de violencia que se dan en Colombia, que se entrecruzan dando origen a muchas otras modalidades, no se dejan caracterizar fácilmente. Además, el tipo de conflicto armado que se ha ido configurando en Colombia desde los años 60, desborda en gran medida los parámetros con los que la comunidad internacional ha tratado de sistematizar, interpretar y normar el conflicto entre la eficacia y la ética que enfrenta toda guerra.

Somos conscientes de que, al utilizar las Convenciones de Ginebra y de La Haya para tipificar conductas referidas a la guerra interna, nos colocamos en marcos muy alejados del modelo de guerra que en la cruda realidad conducen los polos contendientes en Colombia: el Estado y la Insurgencia. Ya que, por una parte, el Estado finge conducir una guerra contra rebeldes armados, mientras sus mismos documentos secretos revelan que su guerra fue diseñada desde un comienzo y continuamente rediseñada para combatir a quienes piensan que el modelo económico político debería ser diferente. Y por la otra parte, la insurgencia no se ha rebelado contra ningún ejército, ni gobierno, ni busca apoderarse de territorio alguno, sino que quiere desmontar un modelo de sociedad discriminatoria, desde posiciones de enorme desventaja militar, lo que conduce a utilizar estratagemas difíciles de enmarcar en normas pensadas para otros modelos de guerra.

La circunstancia de que en 2005 el Comité Internacional de la Cruz Roja(CICR) haya hecho público, luego de una década de intensos trabajos solicitados por conferencias internacionales, una compilación rigurosa del Derecho Internacional Humanitario Consuetudinario(DIHC), ha motivado una nueva revisión y actualización del Marco Conceptual. En efecto, en 1996 habíamos utilizado los Convenios de Ginebra de 1949 y de sus Protocolos de 1977, con el fin de tipificar, con sus definiciones, todas las infracciones al Derecho Internacional Humanitario en medio de nuestro conflicto armado interno.

Por ello, nuestras interpretaciones no dejaron de ser polémicas, pues, siempre sostuvimos, con fundamento en los mismos Convenios, que en un conflicto armado como el colombiano se debían aplicar todas las normas de los cuatro Convenios y de los dos Protocolos, y dejamos siempre abierta la crítica de que esa normatividad había sido pensada para guerras regulares y no para guerras irregulares como la que libra en Colombia. Ya que el Estado tiene una perversa doctrina militar de seguridad nacional, enfocada contra la población civil y con brazos paramilitares clandestinos, y por otra parte, están las guerrillas con su objetivo de desmontar un modelo social considerado antihumano.

No obstante todo esto, hicimos esfuerzos por adoptar el máximo de normas y categorías del DIHC. La Compilación del DIHC deja atrás las polémicas sobre cuáles normas son aplicables y cuáles no en un conflicto que no es formalmente internacional, campo de desgastante discusión, no solo con autoridades judiciales sino también con organismos internacionales. Gracias al documento del CICR del 2005, cuya versión en español fue publicada en 2007,  se hacen obsoletas muchas discusiones y repugnantes discriminaciones entre las víctimas. La autoridad del DIHC no emana ya de firmas y ratificaciones por parte de poderes estatales, sino que se apoya en un consenso generalizado – universal, rastreado en prácticas nacionales, jurisprudencias, tratados y convenciones, muchas veces refrendados, no por su acatamiento por parte de poderes estatales, sino porque el DIHC cuando es violado, ha generado protestas mundiales.

Finalmente, con un desfase de 10 años que nos permitió evaluar las conveniencias serenamente, en esta nueva versión del Marco Conceptual, realizada en 2016, cambiamos la calificación y codificación de las prácticas bélicas ilícitas dentro del conflicto armado interno, reformando completamente el capítulo 3, el cual compila los crímenes de guerra, no ya en referencia polémica al DIH sino al Derecho Internacional Humanitario Consuetudinario.


[1] El nombre de Noche y Niebla se tomó de un decreto de Hitler mediante el cual dio inicio a la práctica de desapariciones forzadas en Alemania, ordenando que la información sobre la suerte de las víctimas se perdiera entre la oscuridad y la neblina, como ocurre en Colombia.