Informe: ¿Cuáles son los patrones? Asesinato de líderes sociales en el Post acuerdo

Este informe es un documento construido con base en los registros e información aportada por las organizaciones participantes en un ejercicio de aproximación a determinadas variables identificables referidas a las violaciones a los derechos a la vida, libertad e integridad de líderes sociales y de defensoras y defensores de derechos humanos, así como, en algunos casos, a las de sus allegados y otras personas que rodean su labor. De ninguna manera pretende dar cuenta de la totalidad de casos ni abarcar de manera holística la integralidad de una realidad compleja que seguramente excede en lo cualitativo y en lo cuantitativo a lo expuesto en el texto; tan solo es una aproximación al fenómeno abordado teniendo en cuenta algunos elementos comunes identificados, con base en los registros de casos aportados por las organizaciones participantes, que resultan útiles en la identificación de patrones y de correlaciones entre variables concretas, Cinep/PPP.

Entre los patrones que llaman poderosamente la atención en el informe, está que de acuerdo con los dictámenes forenses hechos por las propias autoridades de Colombia: la mayoría de los líderes sociales referenciados en esta investigación fueron asesinados con balas fabricadas y vendidas por la misma fábrica de municiones y armas.

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MUJER VÍCTIMA, VIOLENCIA DE GÉNERO Y CONFLICTO ARMADO… REALIDAD QUE PERSISTE

Viviana Ayde Vargas Rivera[1]

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Colombia ostenta el no honroso segundo lugar en cifras históricas en casos de violencia contra la mujer, según el informe de ONU Mujeres, “El Progreso de las Mujeres en América Latina y El Caribe 2017”, las cifras de violencia contra la mujer son alarmantes, aunque los datos disponibles sobre la magnitud de la violencia contra las mujeres en América Latina y aún más en Colombia no son suficientes, no alcanzan a reflejar la alarmante situación, dado que hay una gran mayoría de casos donde las mujeres no denuncian.

En Colombia la violencia contra la mujer ha sido usada como un mecanismo de dominación y poder, en las modalidades de violencia de género sobresalen la violencia doméstica, la violencia ejercida por sus parejas que muestra como máxima expresión cifras alarmantes de feminicidio. Además de estas formas, el conflicto armado ha incrementado el número de mujeres violentadas por todos los actores armados del conflicto.

Durante más de medio siglo el conflicto armado colombiano que tiene causas sociales, políticas y económicas ha tomado el cuerpo de las mujeres como botín de guerra y especialmente en las últimas décadas y más aún en el periodo de post-acuerdo ha dejado un sin número de víctimas.

Las mujeres tanto campesinas, indígenas, lideresas urbanas, obreras, afrodescendientes en nuestro país han tenido que enfrentar la discriminación en su condición de género y además ha vivido las múltiples formas de violencia propia en el contexto del conflicto donde se destaca el desplazamiento forzado.

Las mujeres en el contexto del conflicto han mantenido también su opción de trabajo por las reivindicaciones sociales, políticas y económicas y principalmente se organizan en pro de la defensa de los derechos humanos y de la dignidad de su permanencia en los territorios.

Desde hace décadas las mujeres colombianas han tenido que enfrentar la opresión liderando numerosos procesos de resistencia y resiliencia, convirtiéndose muchas de ellas en protagonistas de una historia no contada, no recordada, no destacada, es por ello que hoy recordaremos algunas de esas valientes mujeres.

Felicita Campos quien en 1890 encabezó las ligas de campesinos en resistencia contra los terratenientes. Juana Julia Guzmán campesina cordobesa que en 1916 fundó la Sociedad de Obreros y Artesanos de Córdoba y además la sociedad de obreras “Redención de la Mujer”. Betsabé Espinoza, obrera textil quien en la década de 1920 en Bello (Antioquia) organizó a 300 mujeres para exigir aumento salarial.

María Cano se destacó entre otras por la realización de numerosas giras entre 1923-1929 para organizar a trabajadoras y trabajadores del campo y la ciudad contribuyendo con la creación de la primera central obrera colombiana. Catorce mil indígenas conocidas como “Bandada de Águilas Furiosas” que firmaron un manifiesto por el derecho a la tierra en 1927.Petrona Yance junto a 800 mujeres que en 1928 apoyaron las valerosas luchas de las trabajadoras y trabajadores agrícolas de las bananeras.

Valerosas mujeres colombianas han conseguido reivindicaciones históricas como, los derechos de bienes patrimoniales (1933),el derecho a la educación superior (1936), el derecho al voto (1957), las mujeres que consiguieron derechos como la igualdad y la no discriminación de raza o sexo en la Constitución de 1991, aquellas víctimas del conflicto que valerosamente han alzado su voz para reclamar justicia como es el caso de las Madres de Soacha quienes perdieron a sus hijos víctimas de los denominados falsos positivos y, hoy día siguen exigiendo verdad justicia y reparación. (Vargas Rivera, 2007, p. 9)

La victimización de las lideresas en Colombia ha sido sistemática a través de décadas de conflicto armado, históricamente las mujeres, niñas y niños han sido los más vulnerados en sus derechos y marginados por parte del Estado, cuando se habla de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición.

El conflicto armado, que aún persiste en nuestro país, se ha caracterizado por el accionar de los grupos armados que, mediante ultrajes a la mujer en su integridad física y psicológica, usan el abuso sexual como un arma de guerra,en casos que la mayoría de veces terminan con tortura y homicidio.

El ultraje a la integridad, y al cuerpo de la mujer es parte de los actos de dominación del hombre, y responde por supuesto a las concepciones creadas al interior de nuestra sociedad influida por la violencia en todas sus expresiones. En nuestro contexto la mujer está mediada por su feminidad y por ello obtiene características de fragilidad, sensibilidad, delicadeza, maternidad, entre otras y, existe la errónea creencia popular de que todas estas características la “incapacitan” para desempeñarse en el mundo externo.

Las cifras en materia de delitos sexuales en contra de niñas, adolescentes y mujeres son muy elevadas, según datos de Medicina Legal para el año 2017 fueron practicados 20.149 exámenes médicos por presunto delito sexual en Colombia, de los cuales 17.557 fueron practicados a niñas menores 18 años y 2.862 se practicaron a mujeres mayores de 18 años. (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2018, p. 53)

Las cifras sobre violencia sexual en el marco del conflicto armado en el país son alarmantes. Según cifras oficiales de la Red Nacional de Información (Unidad para las Víctimas, 2018), de un universo de 8.760.290 víctimas registradas con fecha de corte 1 de octubre de 2018, son mujeres 4.170.856 y de ese universo de mujeres, las víctimas de delitos contra la integridad sexual son 23.875. 

Por parte del Observatorio de Memoria y Conflicto, (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2018)  se da cuenta de un universo de 15. 738 víctimas de violencia sexual en el periodo 1958-2017, de las cuales 14.250 son mujeres.

El Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política, (CINEP, 2018) en el Sistema de Violencia Política en Línea SIVeL ha registrado a partir de 2001 hasta junio de 2018 un universo de 67. 961 víctimas, de las cuales 455 son víctimas de violencia sexual.

En Colombia se han realizado dos encuestas de Prevalencia de la Violencia Sexual en Contra de las Mujeres en el Contexto del Conflicto Armado Colombiano, la primera en el periodo 2001-2009 y la segunda correspondió al periodo 2010- 2015, dicho estudio se ha hecho con un universo de mujeres bastante significativo y en una buena parte del territorio nacional.

El periodo 2010-2015, muestra una prevalencia de violencia sexual contra las mujeres del 18,36% para los 142 municipios con presencia de fuerza pública, guerrilla y paramilitares o BACRIM.  De esta prevalencia se desprende que durante los seis años objeto de este estudio, 875.437 mujeres fueron víctimas directas de algún tipo de violencia sexual. Este dato representa que anualmente, en promedio, 145.906 mujeres fueron víctimas directas de algún tipo de violencia sexual, 12.158 lo fueron cada mes, 400 lo fueron cada día y 16, cada hora. Delo anterior es posible inferir que la violencia sexual constituye una práctica habitual y frecuente en el marco del conflicto armado y por lo mismo puede ser calificada como generalizada de conformidad con el derecho internacional (OXFAM, 2016, p. 5)

En noviembre del año 2016 se dio la firma del Acuerdo Final de Paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC- EP, contrario a las esperanzadoras predicciones sobre el desescalamiento del conflicto, las cifras han demostrado lo contrario, los hechos de violencia por parte de grupos paramilitares y guerrillas aumentó considerablemente afectando en gran medida a la población civil, hecho que se demuestra dramáticamente en el asesinato sistemático de lideresas y líderes  sociales, que aumentó luego de la firma del acuerdo.

Mujer y lideresa, doblemente victimizada

Las cifras de hechos violentos contra lideresas y líderes sociales han venido en aumento según datos del programa Somos Defensores, “entre enero 2009 y junio de 2018 han sido asesinados 609 defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia” (Somos Defensores., 2018, p. 104).

La violencia en Colombia en los últimos dos años ha generado todo tipo de violaciones a los derechos humanos, especialmente en contra de lideresas y líderes sociales. Donde sobresalen hechos de violencia de género, tales como las amenazas, el desplazamiento forzado, los asesinatos selectivos, la violencia sexual y los feminicidios.

Teniendo en cuenta que en nuestro país el número de mujeres lideresas es bajo en comparación al número de líderes hombres, es aún más alarmante el aumento de hechos violentos en contra de las lideresas, ya que el asesinato, conlleva un mensaje de miedo a otras mujeres que quieran adelantar una tarea en defensa de sus derechos o los de sus comunidades.

El incremento porcentual de los asesinatos a lideresas y defensoras de Derechos Humanos entre el primer semestre de 2016, 2017 y 2018 fue de:

• 133,3% de 2016 a 2017 y 14,3% de 2017 a 2018 de acuerdo con los informes de Somos Defensores (enero-julio).

• 160% de 2016 a 2017 y 38,5% de 2017 a 2018 según la matriz de Marcha Patriótica (enero- julio). (Sisma Mujer, 2018, p. 4)

La Defensoría del Pueblo en una alerta temprana emitida el 28 de febrero de 2018,dice que entre el primero de enero de 2016 y el 27 de febrero de 2018 fueron asesinadas “282 personas que se dedicaban a la defensa de la comunidad y de los derechos humanos”, en la alerta la Defensoría del Pueblo llama la atención sobre los casos en los que se registra violencia sexual previa al asesinato de lideresas y defensoras de derechos humanos, dice que:

Los actos dirigidos a castigar la participación de las mujeres en el ámbito de lo público en las mujeres afectan a la lideresa y a su organización y buscan inhibir el surgimiento de nuevos liderazgos y procesos organizativos visibles de mujeres. (Defensoría del Pueblo, SAT, 2018, p. 56)

La fundación Ideas Para la Paz emitió un informe de los 8 primeros meses del año 2018, periodo en que fueron asesinados 72 líderes sociales de los cuales el 87.5% son hombres y 12.5% son mujeres y, señalan que “La violencia sexual se ejerce mayoritariamente sobre las mujeres líderes y en diversos casos se repite causando ciclos de re victimización. A esto se suman amenazas e intimidaciones sobre sus familias” (Fundación Ideas Para la Paz, 2018).

En medio de este panorama es evidente que la fuente principal de la crisis en torno a las vulneraciones de derechos humanos a mujeres, es el alto grado de impunidad, así como el nivel de riesgo que padecen las mujeres en el contexto del conflicto,donde sus derechos son vulnerados y muchas veces son victimizadas por la impunidad y demora de las investigaciones en los procesos judiciales.

La violencia de género contra la mujer es una realidad que plantea retos para la justicia transicional, que debe superar la discriminación contra las mujeres,buscando una perspectiva de género que permita visibilizar las formas de violencia que han sido sometidas. Analizando responsabilidades de carácter político y moral de los perpetradores, no solo con el objetivo de juzgar a los responsables que se acogen a la Jurisdicción Especial Para la Paz (JEP), tambiénes necesario lograr la reparación de las víctimas y dar garantías de no repetición.

Ideas para buscar un cambio

  • Es imperativa la búsqueda de una sociedad libre de violencias contra las mujeres,para lograrlo se debe dar una dura pelea en contra de la impunidad y, para ello el primer paso es lograr un registro consolidado de los casos y hechos de victimización a mujeres.  El no contar con registros exactos, sobre los hechos de violencia contra la mujer evidencia la clara necesidad de buscar mecanismos y herramientas de medición de violencia con enfoque de género, para que sea aplicada por las organizaciones defensoras de derechos humanos, observatorios, bases de datos, etc.
  • Es necesario seguir con la apuesta por posicionar la problemática de violencia contra la mujer en la agenda pública,para que la jurisprudencia de protección a la mujer que se ha logrado sea materializada y se avance hacia una vida libre de violencias contra la mujer.
  • Debemos conjurar ese imaginario colectivo dela cultura machista en que vivimos y que fomenta las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, generando opiniones erradas sobre el rol que debemos cumplir las mujeres en la sociedad y, que tilda a las lideresas como mujeres que abandonan a sus seres queridos en pro de cumplir una función social.
  • Es necesario hacer uso de la memoria histórica para rescatar el ejemplo de muchas mujeres que han luchado por la construcción de la sociedad justa, debemos exigir que la historia no sea solo contada desde una orilla, necesitamos reivindicar el rol de la mujer como lideresa y como defensora de derechos humanos.

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Referencias

Fundación Ideas Para la Paz. (2018). Agresiones Y Homicidios de Líderes Sociales, un Problema que Requiere Acciones Urgentes por la Paz.. Bogotá.

Defensoría del Pueblo, SAT. (2018). Alerta Temprana Número 026-18 DEL 28 de Febrero de 2018. Bogotá.

Sisma Mujer. (2018). Análisis Comparativo de los Asesinatos a Líderes y Lideresas, y Defensoras/res de DDHH en Colombia Durante los Primeros Meses del Año 2018. Bogotá.

Somos Defensores. (2018). Más Allá de las Cifras, Segunda Parte Enero-Junio de 2018. Bogotá.

OXFAM. (2010). Encuesta de Prevalencia «Violencia Sexual en Contra de las Mujeres en el Contexto del Conflicto Armado 2001-2009». Bogotá: OXFAM.

OXFAM. (2016). Encuesta de Prevalencia de Violencia Sexual en Contra de las Mujeres en el Contexto del Conflicto Armado Colombiano 2010-2015. Bogotá: OXFAM.

ONU Mujeres. (2018). «El Progreso de las Mujeres en América Latina y El Caribe 2017». Informe .

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses . (3 de Diciembre de 2018). FORENSIS. Datos para la vida 2017. Obtenido de http://www.medicinalegal.gov.co/documents/20143/262076/Forensis+2017+Interactivo.pdf/0a09fedb-f5e8-11f8-71ed-2d3b475e9b82

Unidad para las Víctimas. (3 de Diciembre de 2018). Red Nacional de información . Obtenido de https://cifras.unidadvictimas.gov.co/

Centro Nacional de Memoria Histórica. (7 de Diciembre de 2018). Observatorio de Memoria y Conflicto. Obtenido de http://centrodememoriahistorica.gov.co/observatorio/

CINEP. (7 de Diciembre de 2018). Banco de Datos de Derechos Humanos y violencia Política. Obtenido de http://www.nocheyniebla.org/?page_id=566

Vargas Rivera, V. (2007). Aproximación Histórica a la Participación de la Mujer en las Luchas Sociales en Colombia. Revista Antigona Número 1 , 42.


[1] Politóloga de la Universidad Nacional e investigadora del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del Cinep/PPP.

LOS VICTIMARIOS: ENCARGADOS DE CUIDAR A LAS VICTIMAS

[dhColombia, 4 de diciembre de 2018] Sistemáticamente en 21 años se han ejecutado crímenes en contra de la Comunidad de Paz de San José de Apartado, por lo cual ha sido objeto de ordenes de protección nacionales e internacionales. A pesar de ellas, 307 integrantes  han sido asesinados y se han presentado más de 965 agresiones en contra de las personas que la conforman. Estos hechos en su mayoría han sido el fruto de la acción de paramilitares y fuerza pública, permaneciendo la casi totalidad de estos crímenes en absoluta impunidad.

El día 30 de noviembre de 2018, la Juez Segundo Promiscuo Municipal de Apartado, ordenó el arresto de German Graciano Posso, Representante Legal de la Comunidad, por no cumplir una injusta y arbitraria acción de tutela. Este arresto se ha dispuesto debe ser cumplido en los calabozos de las instalaciones de la Policía Nacional en San José de Apartado, entidad que ha sido denunciada con anterioridad por sus crímenes y apoyo al paramilitarismo.

Desde el año 2007 la Comunidad de Paz ha recibido ordenes de protección de la Corte Constitucional, ante los actos de la Brigada XVII, sin que ellas sean cumplidas. Por ello, hoy sorprende que para la funcionaria judicial, esta unidad militar que tantos crímenes ha ejecutado contra integrantes y líderes de la Comunidad de Paz (como la masacre del 21 de febrero de 2005), se diga esta bajo subordinación o indefensión de esta Comunidad, para proteger los derechos de los victimarios.

La Comunidad de Paz ha sido objeto de amplio reconocimiento, respaldo y acompañamiento, en razón por su lucha por la paz y los derechos humanos. Esta orden de arresto se produce días después de ser visitada por el Relator Especial sobre la situación de los Defensores de Derechos Humanos y de tener un encuentro con el Papa Francisco.

Los ataques contra Germán Graciano Posso incluyen el asesinato de 19 de sus familiares y un atentado que sufrió el 29 de diciembre de 2017, en la que fueron detenidos dos paramilitares y quienes fueron dejados en libertad por la misma Juez, que hoy ordena el arresto de este luchador de la paz, por ejercer la libertad de expresión y la denuncia de graves violaciones a los derechos humanos de los campesinos de la Comunidad y de la región.

 

Mayor información:

Gloria Isabel Cuartas

Defensora de derechos humanos

3102867445

Germán Romero Sánchez

dhColombia

3112944198