Desde hace d\u00e9cadas, los niveles\u00a0 de violencia en Colombia han sido alarmantes. Algunos per\u00edodos han sido de gran intensidad de violencia pol\u00edtica y sobre todo de aquella que se origina en el mismo Estado como mecanismo de represi\u00f3n a los movimientos sociales, como fue, por ejemplo, la desatada por el Estatuto de Seguridad (Decreto 1923 de 1978).<\/p>\n
Parad\u00f3jicamente, las primeras conversaciones de paz entre el gobierno y las guerrillas en la administraci\u00f3n Betancur (1982-86) activaron de una manera desbordada las estructuras paramilitares, dando pie a que los niveles de violencia pol\u00edtica a partir de 1985, llegaran a topes escandalosos, incluyendo los procesos de genocidio y exterminio de fuerzas pol\u00edticas como la Uni\u00f3n Patri\u00f3tica y otros movimientos, sindicatos y partidos. Justo en esa coyuntura, surgi\u00f3 la idea de crear un banco de datos para de alguna manera, sistematizar la informaci\u00f3n sobre las violaciones m\u00e1s graves a los derechos humanos. Ya que nadie estaba procesando esa informaci\u00f3n y no se ten\u00eda ninguna visi\u00f3n de conjunto de lo que estaba ocurriendo.<\/p>\n
Asimismo, hay que tener en cuenta que, desde 1979 en adelante, estaba creciendo la sensibilidad de muchos sectores democr\u00e1ticos frente al deterioro de los derechos fundamentales de los colombianos. A ello contribuy\u00f3 el Foro Nacional por los Derechos Humanos, convocado por el ex Canciller Alfredo V\u00e1squez Carrizosa en 1979 y gracias a los informes de las misiones de observaci\u00f3n a Colombia, hechos por Aminist\u00eda Internacional y por la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos, en 1980.<\/p>\n
As\u00ed pues, al ser creada la Comisi\u00f3n Intercongregacional de Justicia y Paz, a finales de 1987, como parte integrante de la Conferencia de Religiosos de Colombia, se dise\u00f1\u00f3, junto con el CINEP, un Banco de Datos de Derechos Humanos para responder a una de las necesidades apremiantes, que el campo de la defensa de los derechos humanos estaba revelando como una necesidad urgente, la informaci\u00f3n y la denuncia. En abril de 1988 comenz\u00f3 a editarse el bolet\u00edn trimestral titulado \u00abJusticia y Paz\u00bb, como medio de divulgaci\u00f3n y denuncia de los atentados m\u00e1s graves contra la vida y la dignidad humana, que se perpetraban en Colombia. Dicho bolet\u00edn sigui\u00f3 edit\u00e1ndose cada tres meses hasta junio de 1996, cuando el Banco de Datos entr\u00f3 en una etapa m\u00e1s tecnificada.<\/p>\n
En efecto, las categor\u00edas utilizadas entre 1987 y 1996 fueron menos t\u00e9cnicas y se apoyaban en una lectura m\u00e1s sociol\u00f3gica de los hechos. El criterio adoptado era recoger y sistematizar toda la informaci\u00f3n dispersa en medios de comunicaci\u00f3n y en denuncias directas, escritas u orales, de organizaciones, familias y entornos sociales de las v\u00edctimas, para presentarla al pa\u00eds y al mundo. No como casos judiciales fallados, sino como una primera alarma humanitaria de lo que se ped\u00eda que fuera investigado y sancionado. Es sabido que, la impunidad proverbial que afecta a Colombia ha dejado decenas de miles de casos en la impunidad absoluta. Por ello, surgieron dentro del mismo Banco de Datos y sus entidades patrocinadoras (CINEP y JUSTICIA Y PAZ), inquietudes sobre evaluaciones m\u00e1s t\u00e9cnicas de los hechos, que hicieran uso de los instrumentos jur\u00eddicos internacionales ya existentes.<\/p>\n
Luego de las b\u00fasquedas y de opciones divergentes, se elabor\u00f3 un Marco Conceptual m\u00e1s t\u00e9cnico en 1996, lo que dio pie para iniciar una nueva etapa con una nueva publicaci\u00f3n llamada Noche y Niebla[1], que se inicia en julio de 1996.Dicho Marco Conceptual integr\u00f3 las dos inquietudes de fondo que se debat\u00edan en el Banco de Datos, por una parte, el deseo de una mayor rigurosidad jur\u00eddica, la cual podr\u00eda lograrse por el recurso a los \u00f3rdenes jur\u00eddicos que la comunidad internacional hab\u00eda elaborado para hacer operativos los derechos humanos y para regular los conflictos armados, salvaguardando principios humanitarios fundamentales. Y por otra parte, el deseo de no desechar informaciones precarias que logran saltar las barreras de muchas censuras, presiones y temores, pero que siguen siendo muy limitadas y que, sobre todo, dejan en la oscuridad la identidad de los victimarios aunque revelan indicios de m\u00f3viles pol\u00edticos.<\/p>\n
As\u00ed pues, para satisfacer la primera inquietud, se comenz\u00f3 a utilizar el instrumental del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario(DIH), como normatividad internacional adoptada por la Organizaci\u00f3n de Naciones Unidas. Para satisfacer la segunda inquietud, se abri\u00f3 un buz\u00f3n de \u201cViolencia Pol\u00edtica y Social\u201d, en el cual se han seguido consignando los casos que no cuentan con evidencias que apunten a una autor\u00eda determinada, pero s\u00ed con unos indicios que permiten detectar algunos m\u00f3viles pol\u00edticos.<\/p>\n
Aunque las opciones asumidas allanaron numerosas dificultades, no se puede decir que constituyen soluciones definitivas y satisfactorias. Los g\u00e9neros de violencia que se dan en Colombia, que se entrecruzan dando origen a muchas otras modalidades, no se dejan caracterizar f\u00e1cilmente. Adem\u00e1s, el tipo de conflicto armado que se ha ido configurando en Colombia desde los a\u00f1os 60, desborda en gran medida los par\u00e1metros con los que la comunidad internacional ha tratado de sistematizar, interpretar y normar el conflicto entre la eficacia y la \u00e9tica que enfrenta toda guerra.<\/p>\n
Somos conscientes de que, al utilizar las Convenciones de Ginebra y de La Haya para tipificar conductas referidas a la guerra interna, nos colocamos en marcos muy alejados del modelo de guerra que en la cruda realidad conducen los polos contendientes en Colombia: el Estado y la Insurgencia. Ya que, por una parte, el Estado finge conducir una guerra contra rebeldes armados, mientras sus mismos documentos secretos revelan que su guerra fue dise\u00f1ada desde un comienzo y continuamente redise\u00f1ada para combatir a quienes piensan que el modelo econ\u00f3mico pol\u00edtico deber\u00eda ser diferente. Y por la otra parte, la insurgencia no se ha rebelado contra ning\u00fan ej\u00e9rcito, ni gobierno, ni busca apoderarse de territorio alguno, sino que quiere desmontar un modelo de sociedad discriminatoria, desde posiciones de enorme desventaja militar, lo que conduce a utilizar estratagemas dif\u00edciles de enmarcar en normas pensadas para otros modelos de guerra.<\/p>\n
La circunstancia de que en 2005 el Comit\u00e9 Internacional de la Cruz Roja(CICR) haya hecho p\u00fablico, luego de una d\u00e9cada de intensos trabajos solicitados por conferencias internacionales, una compilaci\u00f3n rigurosa del Derecho Internacional Humanitario Consuetudinario(DIHC), ha motivado una nueva revisi\u00f3n y actualizaci\u00f3n del Marco Conceptual. En efecto, en 1996 hab\u00edamos utilizado los Convenios de Ginebra de 1949 y de sus Protocolos de 1977, con el fin de tipificar, con sus definiciones, todas las infracciones al Derecho Internacional Humanitario en medio de nuestro conflicto armado interno.<\/p>\n
Por ello, nuestras interpretaciones no dejaron de ser pol\u00e9micas, pues, siempre sostuvimos, con fundamento en los mismos Convenios, que en un conflicto armado como el colombiano se deb\u00edan aplicar todas las normas de los cuatro Convenios y de los dos Protocolos, y dejamos siempre abierta la cr\u00edtica de que esa normatividad hab\u00eda sido pensada para guerras regulares y no para guerras irregulares como la que libra en Colombia. Ya que el Estado tiene una perversa doctrina militar de seguridad nacional, enfocada contra la poblaci\u00f3n civil y con brazos paramilitares clandestinos, y por otra parte, est\u00e1n las guerrillas con su objetivo de desmontar un modelo social considerado antihumano.<\/p>\n
No obstante todo esto, hicimos esfuerzos por adoptar el m\u00e1ximo de normas y categor\u00edas del DIHC. La Compilaci\u00f3n del DIHC deja atr\u00e1s las pol\u00e9micas sobre cu\u00e1les normas son aplicables y cu\u00e1les no en un conflicto que no es formalmente internacional, campo de desgastante discusi\u00f3n, no solo con autoridades judiciales sino tambi\u00e9n con organismos internacionales. Gracias al documento del CICR del 2005, cuya versi\u00f3n en espa\u00f1ol fue publicada en 2007,\u00a0 se hacen obsoletas muchas discusiones y repugnantes discriminaciones entre las v\u00edctimas. La autoridad del DIHC no emana ya de firmas y ratificaciones por parte de poderes estatales, sino que se apoya en un consenso generalizado \u2013 universal, rastreado en pr\u00e1cticas nacionales, jurisprudencias, tratados y convenciones, muchas veces refrendados, no por su acatamiento por parte de poderes estatales, sino porque el DIHC cuando es violado, ha generado protestas mundiales.<\/p>\n
Finalmente, con un desfase de 10 a\u00f1os que nos permiti\u00f3 evaluar las conveniencias serenamente, en esta nueva versi\u00f3n del Marco Conceptual, realizada en 2016, cambiamos la calificaci\u00f3n y codificaci\u00f3n de las pr\u00e1cticas b\u00e9licas il\u00edcitas dentro del conflicto armado interno, reformando completamente el cap\u00edtulo 3, el cual compila los cr\u00edmenes de guerra, no ya en referencia pol\u00e9mica al DIH sino al Derecho Internacional Humanitario Consuetudinario.<\/p>\n
[1] El nombre de Noche y Niebla se tom\u00f3 de un decreto de Hitler mediante el cual dio inicio a la pr\u00e1ctica de desapariciones forzadas en Alemania, ordenando que la informaci\u00f3n sobre la suerte de las v\u00edctimas se perdiera entre la oscuridad y la neblina, como ocurre en Colombia.<\/p>\n